David Bravo, presidente de la Comisión Asesora para la Reforma Previsional
Héctor Yáñez, El Mercurio
SANTIAGO.- Este 26 de agosto era la fecha que se había fijado la Comisión Asesora para la Reforma Previsional -que encabeza David Bravo- para entregar el informe final con sus conclusiones a la Presidenta Michelle Bachelet.
Sin embargo, y aunque el trabajo técnico muestra un alto nivel de avance, fuentes que han participado en este proceso revelaron que problemas de agenda de la Mandataria retrasaron la fecha de entrega oficial del informe final con las propuestas de la Comisión, que ahora sería entregado recién la segunda quincena de septiembre. Algo que ya ocurrió con la presentación del diagnóstico del sistema previsional local, señaló
"El Mercurio".
El documento presenta como "propuestas de la instancia" todos aquellos cambios que cuentan con un apoyo por sobre el 60%. Entre ellos destaca el alza de la tasa de cotización con cargo al empleador -que en un proceso de aumento gradual permitirá incrementar en cuatro puntos el ahorro obligatorio, hasta 14%-, y el aumento de la edad de jubilación, igualando a hombres y mujeres.
A estas se suman la ampliación del pilar solidario y la creación de una AFP estatal.
Piedra de tope: los costos
Si bien se aplaza la entrega del documento final con los resultados de la Comisión Bravo a la Presidenta Bachelet, el Gobierno ya conoce las principales conclusiones.
Este lunes, los integrantes locales de la instancia se reunieron con los ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés, y del Trabajo, Ximena Rincón. En la cita se expusieron las principales conclusiones.
El ministro Valdés habría consultado por el impacto en la economía de los cambios asociados al modelo que reforma el sistema de capitalización individual vigente, por el cual se inclinaron 12 comisionados, y el que postulaba la implementación de un sistema de semirreparto, apoyado por 11 expertos.
En cambio, la ministra Rincón y la subsecretaria de Previsión Social, Julia Urquieta, habrían manifestado preocupación por la urgencia social de estos cambios.
Según las mismas fuentes, el escenario es complejo y los recursos con que cuenta la administración son limitados. Si bien la Presidenta comprometió en su programa de gobierno ampliar el pilar solidario -que hoy cubre al 60% de los jubilados de menores recursos- y la AFP estatal, ambas propuestas presionan el gasto fiscal.
En esta línea, la ministra Rincón se reunió el martes con la Asociación de AFP.
Sin embargo, el Gobierno trabaja en otras propuestas en materia previsional. Hoy impulsa un proyecto en el Congreso que permite concretar los anuncios hechos por la Presidenta el 21 de mayo pasado, cuando comprometió modificaciones para que los pensionados que hoy cotizan 5% de salud se eximan de este cobro, y que los beneficiarios de pensiones solidarias tengan acceso a cuota mortuoria.
