El gobierno de Dilma Rousseff sigue experimentando graves dificultades en los campos económico y político.
AFP
BRASILIA.- Brasil no será capaz de cumplir su meta de ahorro fiscal en 2016 a menos que el Congreso apruebe un nuevo impuesto a las transacciones financieras que es rechazado por el sector privado, según reconoció este viernes un funcionario de alto rango del Gobierno.
Un integrante del equipo económico de la Presidenta Dilma Rousseff, quien solicitó no ser identificado debido a que no estaba autorizado para discutir el tema públicamente, reconoció a la agencia Reuters que el Ejecutivo ya enfrenta problemas en este ámbito.
"Sin este impuesto no cumpliremos nuestra meta fiscal para el 2016", aseguró el funcionario.
"Cuando todos vean los números y lo que estamos haciendo para limitar el gasto, entenderán que esta es la única alternativa que tenemos", agregó.
El Gobierno enviará el lunes al Congreso un proyecto de ley para restablecer un impuesto de 0,38% a las transacciones financieras, conocido como CPMF, para recaudar cerca de 68.000 millones de reales (18.990 millones de dólares) al año, con el objetivo de cerrar la brecha fiscal.
La propuesta fue duramente criticada por legisladores y por líderes empresariales, que sostienen que el impuesto sólo presionará a una economía que
ya atraviesa por una recesión.
Además de la propuesta impositiva, Brasilia presentará su proyecto de ley de presupuesto 2016, que recortará levemente los gastos no obligatorios.
"El Gobierno está haciendo un gran esfuerzo", dijo el funcionario, que está involucrado directamente en las decisiones de política fiscal. "No hay más espacio para recortes", agregó.
Cerca de un 90 por ciento del gasto general de Brasil está destinado por ley al pago de pensiones, salud y educación.
