SANTIAGO.- Durante este martes, la Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de Economía, resolvieron poner urgencia de "discusión inmediata" al proyecto de Ley Pro Inversión que busca disminuir, entre otras cosas, la burocracia estatal.
La iniciativa se encuentra actualmente en segundo trámite constitucional en el Senado y fue aprobada en particular por la Comisión de Economía de esta Cámara el pasado sábado 1 de junio.
En ese sentido, el ministro de Economía, José Ramón Valente, señaló que "hemos alcanzado altos grados de consenso en las diversas etapas de discusión, por lo que agradezco y valoro el aporte que han hecho los parlamentarios y, por lo mismo, creemos que esta ley Pro Inversión está en condiciones de ver la luz muy pronto y así, podamos seguir poniendo a Chile en marcha".
"Hemos alcanzado altos grados de consenso en las diversas etapas de discusión, por lo que agradezco y valoro el aporte que han hecho los parlamentarios y, por lo mismo, creemos que esta ley Pro Inversión está en condiciones de ver la luz muy pronto y así, podamos seguir poniendo a Chile en marcha"
Ministro de Economía, José Ramón Valente
Este proyecto, impulsado por Economía, ingresó a tramitación en mayo de 2018 y establece un conjunto de modificaciones legales
con el objetivo de reducir trámites y plazos para los proyectos de inversión, otorgando mayor certeza jurídica a los titulares de dichos proyectos.
En esa línea, la iniciativa incluye una serie de medidas, entre las que destacan el reforzamiento del Servicio de Evaluación Ambiental como "ventanilla única" para la tramitación de permisos, la creación de una plataforma digital para las Direcciones de Obras Municipales (DOM) y la extensión a dos años de las patentes comerciales provisorias que entregan los municipios, entre otras.
En tanto, respecto de los plazos, busca reducir en seis meses la aprobación ambiental de los proyectos privados.
En este punto, hoy la duración promedio completa de los trámites para materializar un proyecto de inversión es de entre 4 y 5 años. En aquellos casos donde las autorizaciones son llevadas ante tribunales, la concreción de las iniciativas puede tardar incluso hasta 10 años.
Al respecto, el titular de Economía recordó el trabajo que ha desarrollado la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), que ha catastrado proyectos de inversión por más de US$70 mil millones y que podrían generar más de 300 mil nuevos puestos de trabajo.
Tras poner "discusión inmediata", el proyecto ahora será revisado por la Comisión de Medio Ambiente del Senado.
