Más reacciones -y alarmas- surgen al borrador de la nueva Consitución que será plebiscitada el próximo 4 de septiembre, esta vez por parte de la Fiscalía Nacional Económica (FNE).
En el marco de su cuenta pública, el Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesgo, aseguró que la figura de delación compensada está en riesgo, si que el texto constitucional deja tal y como está el artículo 386, inciso 3°.
El artículo en cuestión permite al Ministerio Público investigar y ejercer la acción penal "en el caso de delitos que atenten contra la probidad, el patrimonio público o lesionen bienes jurídicos colectivos", en materias que hoy solamente ciertos órganos de la administración tienen la exclusividad para presentar denuncias y querellas.
Según explicó Riesco, esto no modifica las normas relativas a la secuencialidad de la persecución penal por el delito de colusión y al otorgamiento definitivo del beneficio de la delación compensada, haciendo inviable el uso de esta herramienta, porque no garantiza la exención de responsabilidad penal al momento de iniciarse la investigación criminal.
"Podría significar que, respecto de quienes ya hayan accedido o accedan a la delación compensada, podría iniciarse, o incluso terminar, un proceso penal por colusión sin que haya existido la instancia procesal que exige la ley actual para que reconozca su exención de responsabilidad penal". acotó.
"Como es evidente, este problema no solo haría inviable la institución de la delación compensada, que es una herramienta esencial para la detección y persecución de carteles en Chile y en el mundo entero, sino que podría dejar en la indefensión a quienes ya han utilizado o utilicen este mecanismo en la legítima confianza de que estarían o estarán exentos de responsabilidad penal al momento de iniciarse la investigación criminal", agregó Riesco.
Por ello, el fiscal expuso que la FNE solicitó formalmente a la Convención Constitucional que someta al pleno la posibilidad de dictar una norma transitoria relativa al inciso tercero del artículo 386 del borrador, "radicando de manera exclusiva y excluyente en la Fiscalía
Nacional Económica el otorgamiento definitivo del beneficio de delación compensada".
"Por el bien de la política pública anti carteles de nuestro país, que se ha visto tremendamente fortalecida por la institución de la delación compensada, esperamos una buena acogida a nuestra petición por parte de la Convención Constitucional", resaltó.
Con todo, Riesco comentó que su advertencia no significa un rechazo al artículo en cuestión y espera que la propuesta "cumplir con un sentido anhleo de la ciudadanía: que la colusión no solo sea sancionada severamente en sede de libre competencia, como ya ha ocurrido, sino que también en sede criminal".
Inflación y más recursos
El Fiscal también abordó la situación económica actual del país, puntualmente respecto a la fuerte inflación que está golpeando a Chile.
"Hemos estado siguiendo con gran preocupación el incremento sustancial en los precios de un número importante de productos de primera necesidad durante el último tiempo", dijo. "En Chile, estamos enfrentando la inflación más alta casi en tres décadas y, lamentablemente, es posible que este fenómeno no amaine tan rápido como quisiéramos. Estamos conscientes que esta coyuntura golpea a toda la ciudadanía y, con especial virulencia, a las personas más vulnerables", agregó.
Por eso, continuó, "además de nuestras labores habituales de vigilancia de precios a través de nuestra recientemente creada Unidad de Inteligencia de la División Anti Carteles, hemos recibido una importante cantidad de denuncias, particularmente de parlamentarios. Las estamos analizando con seriedad y detención".
"Pierdan cuidado que, si se nos entregan o encontramos antecedentes de que el alza de los precios se debe a colusión u otra clase de infracciones a la libre competencia, la Fiscalía, como siempre, perseguirá a todas las personas jurídicas y a todas las personas naturales que fuese pertinente, tal como lo ha hecho siempre el pasado", sostuvo.
Riesco también aprovechó la instancia para apuntar a una falta de presupuesto para financiar el trabajo de la FNE. "La fiscalía no necesita más atribuciones, sino que necesita más recursos", subrayó.
"Un presupuesto anual de alrededor de US$8 millones, como el que tenemos actualmente, no solo implica una disminución de más de un 5% respecto de nuestro presupuesto de hace dos años, no solo no es siquiera remotamente proporcional a los ahorros para las personas y para el Estado que generan las actuaciones de la Fiscalía, sino que es absolutamente insuficiente considerando la importancia y alcance nacional de su labor respecto de los mercados de nuestro país", cerró.
