Quiebras, reorganizaciones, obras abandonadas o detenidas son parte del complejo panorama que enfrenta el sector de la construcción.
En ese contexto, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) expuso un diagnóstico sobre los principales problemas que se vislumbran y con ello, dieron a conocer una serie de propuestas para enfrentar esta situación y poder impulsar el desarrollo de la industria.
El
presidente de la CChC, Antonio Errázuriz, instó al Ejecutivo "a anticipar y tomar medidas para que esta situación no se siga expandiendo" y para eso, indicó que el
"gran desafío es la modernización del Estado, y en esa línea, la eficiencia del Estado en relación a la iniciativa privada es un tema que hay que poner sobre la mesa cuando hablamos de qué cosas tiene que hacer el Estado y qué cosas tiene que hacer el privado".
Asimismo, explicó que el impacto de los proyectos que se discontinúan es muy fuerte, subrayando que "retomar esos proyectos tiene un costo del 50% adicional, tiene un efecto en las personas, nosotros ya activamos el programa de apoyo cesante".
Paula Urenda, la gerente general del gremio, sostuvo que "si bien, durante estos meses hemos trabajado con las autoridades de Gobierno para buscar soluciones a graves problemas generados por la contingencia nacional e internacional, sobre todo por la pandemia, es el sistema de contratación público una de las problemáticas que se arrastra hace años. Y son estos nudos críticos una de las causas de que el sector sea vulnerable a las contingencias".
Principales trabas
Dentro del sistema de contratación, el vicepresidente de la CChC, Carlos Zeppelin, identificó falencias en todas las etapas: diseño, adjudicación, permisos y construcción. Además, recalcó que hay un exceso de permisos "los trámites y la burocracia superan el tiempo de construcción".
Durante la etapa de diseño, sostuvo que el 96% de los contratos de obras públicas sufren modificaciones, con un aumento promedio de 30% de los plazos originales. Además, la resolución de controversias por la vía de la justicia civil tarda hasta ocho años en resolverse y a esto se le suma que el 50% de los contratos de obras públicas presenta algún tipo de controversia, sin un mecanismo de resolución expedito.
Al momento de la adjudicación, Zeppelin dijo que existen incertezas que se generan durante el proceso de licitación, lo que aumenta el riesgo de realizar obras por parte del contratista. Asimismo, los reglamentos de inversión de obras públicas tienen problemas estructurales que afectan al Estado, a los contratistas, a las personas beneficiarias de las obras.
Adicionalmente, dejan espacios para interpretaciones y traspasan excesivos riesgos a las empresas contratistas, provocando retrasos y sobrecostos. Y otro efecto de eso, sería contar con menos oferentes en licitaciones.
Respecto a los permisos, para ejemplificar el exceso de tramitación, el vicepresidente del gremio expuso que "para ejecutar un proyecto de edificación residencial demanda 133 permisos, de vialidad, 149 permisos, de infraestructura de salud, un hospital, 180 permisos y de ERNC, 176 permisos".
Asimismo, sostuvo que "en la actualidad, por las dificultades para obtener sus respectivos IMIV, podrían no llegar a ejecutarse algo más de 22.000 viviendas asociadas a programas sociales. Y hoy, para obtener un permisos de edificación toma, en promedio, 127 días corridos, superando largamente el plazo legal establecido: 30 días o 15 días con revisor independiente".
Durante la construcción, Zeppelin dijo que aparecen trabas como la inspección fiscal que "por elevada carga de trabajo y de responsabilidades, se toman decisiones poco claras y tardías, lo que afecta plazos, costos e incrementa las controversias”. A esto se le suma el tema de las expropiaciones, las cuales están presentes en el 50% de la inversión en infraestructura pública, las cuales anotan un retraso promedio de 8 meses".
Asimismo, los hallazgos arqueológicos, "solo obtener permiso de excavación y rescate puede tomar cerca de 5 meses. El proceso de rescate puede tardar años", sostuvo.
Según lo expuesto por la CChC, a todos estos problemas durante el proceso de contratación pública, se suman las incertezas jurídicas, donde destacaron "límites difusos al alcance de la facultad de invalidación de la autoridad administrativa y la existencia de numerosas y no coordinadas vías de impugnación del permiso de construcción".
En esa misma linea, hicieron hincapié en los permisos ambientales y acusaron "falta de precisión respecto de las causales de ingreso a evaluación ambiental por indefiniciones de áreas colocadas bajo protección oficial y falta de claridad sobre mecanismo de evaluación".
Propuestas
"A nosotros nos interesa aportar al país soluciones en cuanto a vivienda, infraestructura y creación de empleo. La inversión pública y privada es fundamental para la creación de empleo de calidad, que tanto necesitamos", expuso Antonio Errázuriz.
Dentro de las propuestas que expuso el gremio está el hacer cumplir el pago oportuno por servicios prestados y disminuir los tiempos de recepción en las Direcciones de Obras Municipales y reponer la certeza jurídica de los permisos.
Asimismo, acelerar y profundizar la "Agenda Pro Inversión" para destrabar iniciativas en curso. En esa misma línea, designar un líder y comprometer plazos para concretar las recomendaciones.
Por otro lado, crear una línea de financiamiento especial para las empresas de la construcción, ya según lo expuesto estas no califican para Fogape. Y finalmente, postergar en seis meses el inicio del proceso de eliminación del Crédito Especial para Empresas de la Construcción (CCE) para asegurar construcción de proyectos de vivienda.
