Revuelo ha generado el proyecto de ley corta ingresado al Congreso el martes por el Gobierno. Esto para implementar el fallo de la Corte Suprema, que ordenó que las isapres aplicar una tabla única de factores para el cálculo de sus plantes y restituyan a sus afiliados los cobros que hubiesen podido aplicar en exceso.
Según cálculos del Ejecutivo, la iniciativa implicaría una baja en torno al 6% de los ingresos de las isapres y la devolución de más de US$1.400 millones en excedentes, lo que a juicio de las aseguradoras y expertos significaría "la muerte" del sistema.
Mientras que, según el ministro de Hacienda,
Mario Marcel, "lo que hay que recordar siempre es que el proyecto lo que busca es conciliar, por un lado, el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema, con mantener la viabilidad del sistema"
En medio de la crisis, hay cuatro claves -según consignó El Mercurio- para comprender la génesis del escenario y sus alcances:
Fallo del Tribunal Constitucional
En agosto de 2010, el Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucionales algunos criterios que definían la tabla de factores utilizada por el sistema privado para determinar los precios de los planes y dictaminó que las isapres no podrían utilizar dichas variables para determinar los precios base para los cotizantes.
El fallo derogó cuatro artículos de la Ley de Isapres respecto de las tablas de factores, que definían los criterios de edad y sexo para calcular las alzas de los contratos.
Ello, luego de que un beneficiario de 66 años (en esa época), de Concepción, reclamara en contra de Consalud por haberle alzado su plan de 6,9 a 9,8 UF.
Accionar de las isapres
Tras ello, las aseguradoras siguieron alzando precios en sus planes y aplicando la tabla de factores de riesgo. Al mismo tiempo, los tribunales de justicia seguían acogiendo miles de recursos de protección en contra de las isapres por el tema, lo que generó el congelamiento del costo de dichos planes.
Fallo de la Corte Suprema
En noviembre pasado, el máximo tribunal fijó nuevos parámetros respecto de los planes base, la tabla de factores y la incorporación de nonatos y niños hasta los dos años, y dictaminó que, una vez que se hiciera efectivo el fallo las aseguradoras estarán obligadas a realizar la restitución de los cobros que se han realizado en exceso a sus afiliados, paralizando de manera definitiva el incremento de los planes de las isapres en su totalidad, y ordenando que la nueva tabla se aplique también a los contratos antiguos.
Gestión del Ejecutivo
No fue hasta este martes que el Gobierno ingresó el proyecto de ley. Al día siguiente, cifró en US$ 1.458 millones el monto por restituir a los afiliados.
La iniciativa tiene entre sus principales ejes que las aseguradoras elaboren sus estrategias para devolver los excesos, al mismo tiempo que crea mecanismos que fortalecen Fonasa y que podrían impulsar la migración de afiliados del sistema privado. Si bien en el proyecto como tal no están estipulados los montos a devolver, puesto que serían las aseguradoras las que deberían presentar sus planes y calcular los montos, el superintendente de Salud, Víctor Torres, fue quien dio a conocer públicamente la estimación del Ejecutivo.
Dicho monto, han asegurado tanto especialistas como la Asociación de Isapres, podría implicar igual el fin del sistema de salud privado y un traspaso al modelo público, que actualmente no da abasto con sus propios beneficiarios.
Por otra parte, La Segunda elaboró un cuestionario con dudas respecto a la ley corta que fue abordado por senadores de la Comisión de Salud como su presidente, Juan Luis Castro (PS), y Sergio Gahona (UDI), además los ex ministros Jaime Mañalich y Emilio Santelices, y los exsuperintendentes Manuel Inostroza y Héctor Sánchez.
Si me cambio de isapre a Fonasa, ¿pierdo la devolución?
Según Gahonam "no debiera perderla, porque hay una deuda con el usuario". Por su parte, Castro dice que "no, la deuda está asociada al tiempo que estuvo vigente el contrato mientras estuvo en isapre".
Sin embargo, comenta Inostroza: "Sí, porque el proyecto de ley habla de los contratos vigentes". En tanto, Mañalich asevera que "no se extingue la deuda. Y la ley dice que se abriría una cuenta en la cual la persona a la que se le adeuda puede usar dichos montos en la forma de copago de medicamentos, exámenes o beneficios de salud.
¿El pago puede ser en dinero?
"Es uno de los puntos más álgidos de la discusión, porque la ley dice que después de un año, los afiliados pueden cobrar esos montos en dinero. Si se da más tiempo para que se mantenga así, las isapres pueden mantener esto como capital propio y no caer en insolvencia", dice Mañalich.
Los datos de deuda entregado por la superintendencia ¿son compartidos por las isapres?
Ante ello, Gahona sostiene que "tengo la impresión que no", mientras que Castro precisa que "lo vamos a saber el martes, cuando las isapres vayan a la Comisión de Salud del Senado".
Mientras tanto Inostroza argumenta que "son los mismos. La superintendencia hizo el cálculo (de los US$1.400 millones) tras demorarse cinco meses en pedirle los datos a las isapres".
¿Hay alguna posibilidad de cambiar las cifras en el Congreso o en otro gobierno?
"Yo creo que será difícil, porque el dictamen de la Suprema es claro (...) Para cambiar el monto, habría que crear una ley específica que haga eso", afirma Mañalich.
Por su parte, Santelices responde que "el proyecto no resuelve la incertidumbre del sistema de financiamiento privado de la salud. Y hay una contradicción, porque reconoce que la caída de las isapres tendría un impacto en todo el sistema de salud: público, privado, prestadores y financiadores".
A su vez, Inostroza señala que "los siete ex superintendentes de Salud expusimos en el Congreso y planteamos que lo importante era definir una metodología de cálculo, técnica y jurídicamente sustentable para todos los actores, y eso el Gobierno no lo quiso hacer y desestimó nuestra propuesta, pero el Congreso puede hacer indicaciones y crear una metodología de cálculo distinto, que dé otra cifra que permita dar viabilidad al sistema".
¿Qué viabilidad política ve para aprobar el proyecto de ley corta?
Gahona esgrime que "tengo la mejor voluntad de solucionar la crisis y darle estabilidad financiera al sistema, pero mi impresión es que el proyecto está más orientado a dejar caer las isapres que a resolver la crisis".
"Mi propósito es llegar a un acuerdo sustentable y viable que permita que se cumpla el fallo, que el sistema no quiebre y que haya reglas nuevas para evitar la judicialización. Si no hubiera ley corta, es el desplome de las isapres", asegura Castro.
Por esa senda, Inostroza asevera que "no veo ninguna probabilidad que sea aprobado (...) Los parlamentarios no van a querer dejar a 3 millones de personas fuera del sistema de salud y a 300 mil personas en tratamiento sin beneficios de manera automática".
El cálculo del Gobierno ¿es correcto?
Frente a esta consulta, Gahona señala que "no tengo por qué dudar de las cifras que presente el Gobierno, quizás la fórmula de cálculo podría ser distinta".
Castro, por su parte, sostiene que "la superintendencia es un organismo autónomo; ellos dieron a conocer las cifras y no puedo si no hacer fe del ente regulador".
"Creo que hay otras interpretaciones que puedan dar una cifra distinta, más baja", comenta.
"Hay dudas, porque no está trasparente la metodología que utilizó el Gobierno (...) Es un monto aproximado que calculó la superintendencia, a mi juicio solo referencial", dice Sánchez.
¿El Gobierno pudo haber hecho otra cosa?
"Molesta mucho que teniendo 6 meses de dictado el fallo, recién en los últimos 20 días el Gobierno presente un proyecto que no resuelve la situación por completo. Desde hace 10 años hay inacción tanto de los gobiernos como de los parlamentos que provoca que la Corte Suprema esté dictando fallos prácticamente de política pública", señala Gahona.
En tanto, Santelices asevera que "sabemos que en el Gobierno hay mucha tensión, porque unos quieren usar esta coyuntura para terminar con el sistema y otros están haciéndose cargo del problema, como la ministra".
"Sin duda, pero el alma que quiere dejar caer a las isapres (el superintendente y el director de Fonasa) salió ganando. Este proyecto llega tarde y mal", complementa Inostroza.
Castro refuta diciendo que "no, el Gobierno mandó un proyecto de ley, tal como lo prometió. Otras cosa es mejorar el proyecto".
¿Qué se puede mejorar del proyecto?
Consultado por esto, Castro sostiene que "hay temas de tiempo y plazos para las devoluciones, facultades que permiten bajar tarifas, hay un tejido que se puede enhebrar de mejor manera siempre (...) Siempre los plazos son una válvula que permite administrar tiempos de devolución y solvencia económica. es un tema conversable con todos".
¿Cuál es el riesgo de no aprobarse esta ley?
"Primero, que los prestadores van a seguir saliéndose de los convenios con las isapres ante el riesgo que no les puedan pagar. Segundo, que los bancos se pongan nerviosos y eliminen las boletas de garantía que les permiten a las isapres respaldar las deudas con afiliados y prestadores. Y tercero, que las isapres calculan las provisiones pero no tengan cómo cubrirlas", asegura Inostroza.
Mientas Sánchez indica: "Que el Gobierno pediría más tiempo a la Corte Suprema para establecer un proyecto de ley que efectivamente resuelva este problema".
¿Puede leerse el proyecto como un incentivo para que algunas isapres cierren ahora y eviten el pago
"No creo, porque si van a quiebra, los principales acreedores serán los beneficiarios. Aunque no creo que el dinero que resulte de la quiebra alcance para devolver todo lo que se les debe a los beneficiarios", concluye Gahona.
Castro estima que "las isapres, cuando están en riesgo financiero, primero tienen que hacer un plan de ajustes y si no lo hay se genera una intervención a través de una administración que permita revisar los procesos financieros internos desde la superintendencia. Si todo eso fracasa, se establece un quiebra. Y ninguna de las isapres está en alguna de esas etapas. Es cierto que tiene cifras rojas en sus balances, pero son cifras menos rojas que las del año pasado. El primer trimestre de este año es un 10% de los pasivos que tenían el primer trimestre del año pasado. Eso es una señal positiva".
Por esa senda, Inostroza completa diciendo que "si se aprueba la ley, más de alguna va a pedir su liquidación, fundamentado en que no puede pagar lo que se le exige por la tabla de factores. Además, el fallo establece que tienen que cobrar un valor menor al del plan, con lo cual van a quedar desfinanciadas".
"Este proyecto busca estatizar las isapres, con el pretexto del fallo se impulsa un proyecto de ley que busca en el fondo cambiar profundamente el sistema de salud", finaliza Sánchez.
