La reforma de pensiones que impulsa el Gobierno sigue estancada ante las dificultades por lograr consensuar la propuesta con la oposición. Por eso, las reuniones técnicas entre ambas partes, y que iniciaron el martes, son relevantes para avanzar en el proyecto y en el primer encuentro se abordó la reorganización de la industria previsional, uno de los principales objetivos que persigue la reforma.
En esa línea, el Gobierno hizo una nueva propuesta, en línea con lo conversado en bilaterales con Renovación Nacional (RN). Si biene el ministerio del Trabajo, liderado por Jeannette Jara, insistirá en separar las funciones que hoy recaen sobre las AFP, propuso una estructura distinta.
Esto, porque en su propuesta original, presentada ante el Congreso, el Ejecutivo planteó que la tarea de soporte, como el cálculo de beneficios y la relación con los clientes recaiga en un ente público sin fines de lucro.
Sin embargo, ahora la nueva alternativa es delegar estas funciones a un operador privado al estilo de la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC).
Esta última es una sociedad anónima cerrada, de giro único y exclusivo, cuya principal función es administrar dos fondos: de Cesantía y de Cesantía Solidario, junto con otorgar y administrar las prestaciones y beneficios que establece el Seguro de Cesantía. Para administrar estos recursos, la sociedad obtuvo una licitación pública tras la presentar la mejor oferta.
De hecho, son las mismas AFP o sus controladores las que han terminado presentándose a los procesos de licitación y ganándolos, considerando que la ley establece que de este pueden participar las cajas de compensación, AFP, compañías de seguros, administradoras de fondos fiscalizadas por la CMF, además de personas jurídicas que cumplan lo establecido en las bases de licitación.
Dicho eso, con esa apertura cambiaría la idea inicial de la reforma de pensiones, licitando a un privado la gestión de los fondos y no que aquello quede en manos de un ente público.
Al respecto, la titular de la cartera, Jeannette Jara sostuvo que ''Aunque sea una licitación, sigue siendo un ente único, sea privado o estatal".
No genera respaldo en Chile Vamos ni Frente Amplio
Con tod, la idea de licitar la gestión de las cuentas no logró convencer en su totalidad a ningún sector político con representación parlamentaria y que está participando en las reuniones técnicas.
Por un lado, la oposición no la respaldó ya que no están de acuerdo con la separación de las funciones de la industria.
El diputado Cristián Labbé (UDI) expresó que "una de las propuestas que el Gobierno hizo fue que el APA fuera una entidad privada pero siempre bajo una licitación y eso termina siendo un monopolio igual, lo que a la UDI y en especial a mí no nos acomoda porque estamos por la libertad de elegir, que todos los chilenos puedan escoger cuál es la mejor alternativa".
En esa misma línea, criticó que "no se expusieron las cifras concretas (...) lo único que quedó en evidencia es que la separación de la industria no sube las pensiones y que no entrega la libertad de elegir, por ende terminó siendo un discusión estéril porque el Gobierno no puso los antecedentes completos sobre la mesa".
Asimismo, Frank Sauerbaum (RN) planteó que "nosotros somos partidarios de que haya efectivamente una división de la industria en la medida que esto aumente la competencia y traiga un efecto directo a las pensiones, por lo tanto, nosotros somos partidarios de que haya muchos inversores, pero que también haya muchos administradores".
Desde Chile Vamos afirmaron que se habría generado una dicotomía al interior del oficialismo, porque no habría caído bien la idea de que sea un privado quien administre los fondos de los chiles a través del APA.
En ese sentido, en el oficialismo consideran que hay una desconfianza no justificada respecto al rol que pueden tener las instituciones públicas en la gestión de las cuentas.
En esa línea, el diputado Andrés Giordano (IND-FA) dijo que "lo entendemos como una muestra de voluntad de flexibilizar la reforma por parte del Gobierno, pero advertimos que tiene posibles riesgos y efectos que preocupan. De hecho, la experiencia más clara es la AFC, que es un negocio que genera más de 11.000 millones en utilidades y que es administrado por 4 AFPs".
"Es decir, por más que esto genere posibles consensos, abre paso al monopolio privado y al lucro, lo que podría ir en un sentido contrario a traspasar los beneficios de las economías de escala a las y los pensionados", agregó.
Por el contrario, respaldó y sostuvo que ven "un IPS que ha tenido un desempeño exitoso, eficiente y transparente en el pago de la PGU, los beneficios en pandemia, los subsidios por discapacidad, entre otros, y sin embargo, se ha instalado una crítica contra lo público desconociendo la experiencia de esta institución, así como la internacional, donde el Estado, en todo el mundo, juega un rol principal".
Mayor consenso
Respecto a la hipótesis de que las AFP no traspasan sus ganancias y que la división de la industria genera mayores eficiencias tiene apoyo de los diputados, Alberto Undurraga (DC) y Héctor Ullua (IND-PPD).
El parlamentario y timonel de la falange sostuvo que "un acuerdo requiere avanzar en el tema que analizamos. Como separar el rol actual de las AFPs y con ello mejorar las pensiones".
"Ello se da porque las AFPs no transfieren las ganancias de eficiencias a los afiliados y porque tienen utilidades cuando los fondos que administran tienen pérdidas y ambas cosas no son aceptables en un sistema moderno de pensiones", aseveró.
Por esa razón valoró que en la discusión se hayan recogido propuestas de la DC, "tanto de libre elección y competencia en el lado de la inversión como de licitar el soporte y administración para lograr mayor eficiencia".
Mientras que Ulloa planteó que "hemos manifestado la necesidad de dividir el soporte y la inversión, ambos temas han sido históricamente llevados por la AFPs pero entendemos que al dividirla y que entren más actores en el mercado, habrá más competencia (...) y menos costos, por lo que debería verse reflejado en mejores pensiones".
Con todo, este viernes se llevará a cabo la segunda de las cuatro reuniones técnicas que convocó el Ministerio del Trabajo para acercar posturas. En esa instancia se discutirá el 6% de cotización adicional que propone la reforma impulsada por el Gobierno.
