Con "sorpresa" y afirmando que las acusaciones "carecen de fundamentos", reaccionó el Terminal Pacífico Sur Valparaíso (TPS).
Esto, luego de que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) solicitara al Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) aplicar multas a tres empresas portuarias - entre ellas TPS- por un total de US$21,7 millones, acusando "abuso de posición dominante".
En concreto, la FNE señaló en su requerimiento que cada una de estas empresas - San Antonio Terminal Internacional (STI) y DP World San Antonio (DPW) y TPS - ejecutó un abuso de posición dominante, consistente en el cobro injustificado a importadores y exportadores de una tarifa de seguridad en el servicio de transferencia de carga, que comenzó a implementarse en septiembre de 2019 por TPS, en septiembre de 2020 por STI y en febrero de 2021 por DPW.
Frente a ello, TPS manifestó a través de un comunicado que
"aún no ha sido notificada del requerimiento que se ha publicitado por la prensa, por lo que lamenta ser sorprendida y afectada su reputación de esta forma, sin que se cumplan condiciones mínimas que es dable esperar para garantizarle su derecho a defensa".
"Sin perjuicio de las defensas que se harán valer en las instancias correspondientes, TPS anticipa desde ya que las acusaciones de la FNE carecen de fundamento", dice el escrito.
En ese sentido, detalló sus fundamentos. El primero dice relación con las tarifas que hoy se cuestionan. TPS afirma que "se establecieron y se aplican desde el mes de septiembre de 2019. Además de que las tarifas "fueron registradas y publicadas tras ser aprobadas por la Empresa Portuaria Valparaíso".
Y por último, que "las tarifas remuneran los servicios de seguridad que demanda la esmerada protección que hoy se requiere para el resguardo de las cargas transferidas a través de su terminal en Valparaíso, que requieren cuantiosas inversiones en equipos, sistemas y personal de seguridad, y que son parte de la oferta de calidad de servicios de TPS que la distingue de otros terminales nacionales e internacionales".
Dicho eso, TPS aseguró que "ha cumplido así con todas las leyes y reglamentos que rigen su actuar en este orden de cosas y, en particular, aquellas que regulan el régimen de tarifas de los servicios portuarios".
La empresa portuaria explicó que las tarifas de seguridad fueron ya objeto de análisis por parte de la FNE en una investigación en 2019, "oportunidad en la que no encontró elementos que dieran lugar a un cuestionamiento de las mismas y por lo mismo procedió a archivar la investigación".
En tales términos, dice TPS, "la FNE confirmó la regularidad de las tarifas en cuestión y el archivo de la investigación generó en TPS la legítima confianza de estar obrando conforme con la normativa de defensa y promoción de la libre competencia".
Es por esta razón que la empresa portuaria considera que "resulta sorprendente que en esta nueva oportunidad, más de 4 años después del registro de las referidas tarifas de seguridad, la FNE presente un requerimiento en contra de TPS por infracción a las normas de protección a la libre competencia".
Y añadió: "Es inconcebible que una autoridad del Estado defraude la confianza que sus propias actuaciones, estudios y conclusiones generaron en TPS como actor del mercado portuario de la Región de Valparaíso, un mercado por lo demás regulado, altamente competitivo y en donde participan muchos actores ofreciendo una amplia variedad de servicios a la carga".
"TPS tiene la convicción de haber actuado correctamente, de haber cumplido con las leyes y de estar contribuyendo activamente al progreso del país, por lo que se hará cargo de las injustas imputaciones que la FNE le habría formulado según lo publicitado en los medios de prensa", cerró el comunicado.
