La Asociación de Generadoras de Chile, la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (ACERA A.G.), la Asociación Chilena de Energía Solar (ACESOL A.G.) y la Asociación de Pequeños y Medianos Generadores (GPM A.G.) advirtieron "graves deficiencias" en el proyecto de ley que el Gobierno ingresó el 26 de agosto para triplicar la cobertura del subsidio eléctrico y llegar a 4,7 millones de familias, o 10 millones de personas.
En una declaración, las asociaciones aseguraron que la "propuesta presentada adolece de graves deficiencias y perjudica sustancialmente" ciertos principios base "sobre los que se desarrolla todo sector productivo que aporta al crecimiento de la economía y la generación de empleos del país".
Así, mencionaron que afecta la predictibilidad jurídica. En relación a ello, aseveraron que
altera "de manera continua e intempestiva las condiciones regulatorias sobre las que la industria de generación ha desarrollado y colaborado con la política del Estado de Chile sobre transición energética y descarbonización".
Asimismo, aseguraron que tiene un efecto sobre la confianza legítima en la autoridad política, "definiendo nuevas cargas públicas sin fundamentar sus medidas ni explicar los efectos sobre las personas y las empresas: consumo, niveles de precios, inflación y condiciones de inversión".
Recalcaron, también, el efecto en el reparto proporcional de las cargas públicas, "estableciendo cargas tributarias de manera ad-hoc a sectores económicos determinados, sin considerar financiamiento alguno que provenga de un ejercicio de administración financiera eficiente y focalizada por parte del Gobierno".
"La industria de Generación Eléctrica -agregaron- ha sido un aliado permanente de Chile en la transición energética y la descarbonización, lo que se ve reflejado en: aporte de más de US$30 mil millones en inversión directa en regiones; diversificación de la matriz energética; incremento del número de productores de energía eléctrica a más de 700; aumento de la penetración de energía renovable, con valores superiores al 65%, una progresiva reducción en las emisiones de carbono del sector eléctrico".
"Todo esto ha llevado a Chile a ser permanentemente reconocido en diversos rankings y foros a nivel mundial", sostuvieron también.
Asimismo, aseguraron que "confiamos en que la discusión permita encontrar respuestas necesarias, viables y expeditas para focalizar la entrega de un beneficio con cargo a fondos públicos y, a la vez, respetar las señales regulatorias para que todos los actores del sector energético podamos avanzar en los desafíos que son clave para el sector, como las condiciones de suministro, almacenamiento y transmisión eléctrica, que son determinantes para inyectar energía de precios competitivos en el sistema".
Desde las entidades, asimismo, indicaron que "Compartimos la preocupación por encontrar mecanismos de ayuda para las familias más vulnerables de nuestro país para enfrentar el alza de las tarifas eléctricas, pero creemos que éstos deberían ser coherentes con otras políticas públicas de subsidio y con una visión estable y de largo plazo para el correcto desarrollo de la industria eléctrica".
Cabe destacar que el proyecto que presentó el Ejecutivo -para financiar el subsidio- propone el aumento del impuesto a las emisiones, el IVA neto que se consiga producto del alza de las tarifas, y un ajuste a los ingresos de los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD).
