"Mi actuación servirá para celebrar todas las familias humanas y la diversidad. Yo intento unir, no dividir", dijo Lambert al referirse a la situación.
AP.BANGKOK.- El cantante estadounidense Adam Lambert, quien colabora con Queen como vocalista en sus presentaciones en vivo, enfrenta una polémica ante su próxima presentación en Singapur. Miles de personas exigieron al Gobierno que cancele su visita, debido a que es homosexual.
Este país asiático no acepta las relaciones entre individuos del mismo sexo, y condena con cárcel este "delito".
Los promotores de la demanda describen al artista estadounidense como una persona provocativa y "un intérprete lleno de controversia hasta en su propio país".
En una carta publicada en un portal web para reunir firmas, los promotores instaban a las autoridades a retirar la actuación del artista del cartel programado para la celebración de Año Nuevo, puesto a que esos espectáculos se realizan con dinero público.
Más de 20 mil personas apoyaron la iniciativa en los cuatro días que permaneció abierta (http://goo.gl/StawvF) donde se reivindican los "valores" y el "modelo de sociedad" de Singapur y se critica el "liberalismo" de los países occidentales.
Fotos del artista besando a otro hombre en el escenario, o varias posturas de carácter sexual durante su actuación acompañan la carta.
Lambert aseguró el pasado viernes, después de que la protesta fuera recogida en varios medios locales, que "lucha contra la homofobia canción a canción", en un mensaje publicado en su perfil oficial de Twitter.
"Mi actuación servirá para celebrar todas las familias humanas y la diversidad. Yo intento unir, no dividir, y quiero ensalzar la bondad y el espíritu humano", prometió el cantante en un comunicado emitido por Warner Music.
La discográfica además publicó en la portada de su perfil de Facebook una imagen de Lambert para respaldar al artista.
Una ley singapuresa, que data de la etapa colonial del país, castiga con hasta dos años de cárcel las relaciones entre hombres.
Las autoridades singapuresas han rechazado hasta la fecha todos los intentos de los activistas para derogar este artículo del Código Penal.
No obstante, el Gobierno se ha comprometido a no implementar la norma contra los ciudadanos.