WASHINGTON.- La Organización de Estados Americanos (OEA) apoyó este lunes la realización de elecciones generales en septiembre en Guatemala, y rechazó de forma explícita "cualquier amenaza" a una eventual ruptura del orden institucional en ese país, centro de una aguda crisis política.
Durante su 45ª Asamblea General, en Washington, la OEA aprobó por consenso una resolución donde reiteró su compromiso con "la plena vigencia del marco democrático y constitucional" y el respeto a la ley en el país centroamericano.
El borrador de esta resolución había sido presentado en la sesión matutina de la Asamblea General por el canciller argentino, Héctor Timerman, quien expresó la "preocupación" de su gobierno por la situación en Guatemala.
El texto fue respaldado rápidamente por varias delegaciones y parecía que iba a ser aprobado inmediatamente de manera unánime. Sin embargo, la representante de San Vincente y las Granadinas, La Celia Prince, pidió más tiempo para que los países caribeños puedan revisar el texto en sus idiomas respectivos.
El canciller de Guatemala, Carlos Morales, agradeció la propuesta, señalando que "al apoyar esta resolución esta organización apoya la institucionalidad en Guatemala" y "al mismo tiempo apoya la estabilidad política en el país".
El gobierno del presidente guatemalteco Otto Pérez enfrenta enormes presiones desde abril, cuando estalló un escándalo de defraudación fiscal en las aduanas, en el que altos funcionarios cobraban sobornos a empresarios para evadir impuestos aduaneros.
Según la fiscalía, la red estaría dirigida por Juan Carlos Monzón, actualmente prófugo, quien era secretario personal de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien renunció por el escándalo.
En mayo estalló un nuevo escándalo que condujo a la detención de los presidentes del Banco de Guatemala (Banco Central), Julio Suárez, y el presidente del Instituto Guatemalteco del Seguro Social (IGSS) por un contrato irregular con una farmacéutica por 15 millones de dólares.
Ambos casos desataron manifestaciones multitudinarias para exigir la renuncia del presidente Pérez, mientras que la Corte Suprema de Justicia la semana pasada decidió dar trámite a un antejuicio contra el presidente por su posible envolvimiento en los casos.
En ese clima, surgió temor entre analistas de que las elecciones de septiembre estarían en riesgo y que el gobierno podría no terminar su mandato, que concluye en enero de 2016.