LIMA.- La Contraloría de Perú remitió hoy cinco informes a la Fiscalía en los que advierte presuntas irregularidades en los procesos de concesión y adjudicación de las obras y posterior mantenimiento de las carreteras interoceánicas (IIRSA) del norte y del sur del país, informó hoy el organismo público en un comunicado.
La información remitida a la Fiscalía tiene como propósito contribuir con la investigación preliminar iniciada por la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios sobre los contratos de concesión de las obras y el mantenimiento de las mencionadas vías.
Los presuntas irregularidades se detectaron en las auditorías y acciones de control posterior realizadas a los contratos públicos para la construcción y mantenimiento de las carretera IIRSA Norte y los tramos 2, 3 y 4 de la carretera IIRSA Sur.
La Contraloría observó que se adjudicó la "buena pro" de la concesión de la IIRSA Norte sin contar con el informe previo del mismo organismo público y que además se convocó a concurso sin cumplir con los requisitos técnicos legales exigidos por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
También identificó deficiencias en la actuación y toma de decisiones durante el proceso de concesión por el Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos.
El organismo fiscalizador también detectó en el tramo 3 de la IIRSA Sur "problemas constructivos en los puentes Chiforongo y Chaquimayo, así como la colocación de pavimentos en espesores menores a lo ofertado en la propuesta técnica y la presencia generalizada de fisuras en pavimento, entre otros problemas".
La Contraloría indicó que procedió a comunicar "oportunamente" y en su momento esas observaciones a las instancias correspondientes, así como otros hallazgos.
De acuerdo con la documentación incautada por la Policía Federal de Brasil en 2009 y publicada en junio por el portal peruano Convoca, las empresas brasileñas que construyeron la carretera interoceánica pagaron presuntamente sobornos durante los Gobiernos de los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006) y Alan García (2006-2011).
La información incautada por la Policía brasileña a ejecutivos de la empresa Camargo Correa apuntan a que más de 5,4 millones de dólares fueron destinados supuestamente a sobornos y otro millón de dólares a pagos de varias personas.
La empresa brasileña Camargo Correa integró el consorcio que construyó el cuarto tramo de la carretera interocéanica del sur junto a las empresas Andrade Gutiérrez y Queiroz Galvao.