JERUSALÉN.- Médicos israelíes se han negado a alimentar por la fuerza al preso palestino Mohamed Alan, en huelga de hambre desde hace 56 días y que corre peligro de muerte, por considerarlo una forma de tortura y pese a la reciente aprobación de una ley que lo permite.
Alan fue trasladado ayer al Centro Médico Barzilai de Ashkelon (en el suroeste del país) después de que el hospital de Soroka de Bersheva, donde fue llevado en un primer momento, se negase a aplicar la alimentación forzosa, aprobada por el Parlamento en julio y condenada con dureza por las asociaciones médicas, que han instado al personal sanitario a negarse a cumplirla.
Sin embargo, el director de Barzilai, Hezi Levy, decidió ayer secundar la decisión de sus compañeros de Bersheva y no permitir que se alimente al preso en contra de su voluntad mientras su vida no esté en inminente peligro, informaron hoy los medios israelíes.
"La alimentación forzosa es una medida drástica que es incompatible con la ética médica. Cualquier tratamiento llevado a cabo sin el consentimiento del paciente debe reservarse para el caso de que haya un deterioro en su condición médica y una necesidad urgente para salvar la vida", dijo en un comunicado, difundido hoy por el digital Times of Israel.
El diputado árabe Basel Ghattas escribió una carta a las autoridades de Barzilai pidiéndoles que no conviertan ese centro médico en un "Guantánamo israelí donde se permite la tortura".
La Asociación Médica de Israel ha repetido que no permitirá que se alimente a forzosamente a Alan y el director de su división Ética, Avinoam Reches, ha declarado que esa medida es "brutal, de fuerza e invasiva y puede matar al preso".
"Se puede rasgar el esófago o introducir erróneamente el alimento en sus pulmones y provocarle la muerte. Esto contradice la ética profesional. Es una forma de tortura y está prohibido", aseguró al diario Haaretz.
Según el ministro palestino para Asuntos de los Prisioneros, Isa Qaraqe, Alan ha perdido visión, capacidad auditiva en un oído y vomita sangre, pero sigue rechazando ser alimentado.
El preso, de 31 años, abogado y vecino de la aldea de Einabus, al sur de Nablus (Cisjordania), se puso en huelga para exigir a Israel su puesta en libertad, tras permanecer arrestado desde el noviembre pasado bajo sospecha de militancia en la Yihad Islámica.
Está en situación de detención administrativa, una figura con la que Israel detiene (en su inmensa mayoría a palestinos) durante periodos renovables de seis meses sin necesidad de juicio, imputación y sin presentar cargos ni pruebas contra el acusado.
La ley que permite la alimentación forzosa fue aprobada a finales del mes pasado y ha sido recurrida por asociaciones médicas ante el Tribunal Supremo.
