Más de mil colombianos han sido deportados desde Venezuela.
AFP
VENEZUELA.- El gobierno venezolano calificó como "inmoral e hipócrita"
un comunicado de la Unión Europea (UE) en el cual asegura que el cierre de la frontera con Colombia y la expulsión de miles de colombianos pone en riesgo la estabilidad de la región fronteriza.
"Venezuela rechaza el inmoral e hipócrita comunicado (...) que expresa sin fundamento ni pruebas graves declaraciones contra nuestro país asociados a la decisión soberana de adoptar medidas para combatir el paramilitarismo colombiano, el narcotráfico y los ataques sistemáticos a la economía venezolana", señalaron desde cancillería.
En el texto, el gobierno venezolano señala que son afirmaciones de "burócratas europeos que no tienen moral para inmiscuirse en asuntos bilaterales que no le competen", responsables de "colosales tragedias humanitarias en el Mar Mediterráneo".
Por su parte, la UE aseguró que "el cierre de la frontera entre Venezuela y Colombia, seguido del desplazamiento forzado, pone en riesgo el conjunto de la situación humanitaria, la seguridad y la estabilidad en la región fronteriza".
Asimismo, insistió en la necesidad de "encontrar soluciones que respeten plenamente los derechos humanos y garanticen el bienestar de la población".
La tensión entre Bogotá y Caracas comenzó el pasado 19 de agosto con la orden del presidente Nicolás Maduro de cerrar algunos pasos fronterizos, tras lo cual se deportó a un millar de colombianos (de los más de 5 millones que viven en Venezuela).
La decisión fue tomada tras un ataque a militares venezolanos, ocurrido días atrás en medio de una operación anticontrabando en el estado venezolano de Táchira y que el mandatario atribuyó a "paramilitares colombianos".
La crisis aumentó con el estado de excepción decretado por Maduro el 21 de agosto y se profundizó aún más el pasado jueves, cuando ambos países llamaron a consultas a sus embajadores en medio de denuncias de violaciones de derechos humanos de los damnificados.
Colombia y Venezuela comparten una porosa frontera de 2.219 km, en la que ambos denuncian la actividad de grupos irregulares que lucran con el contrabando de combustible y otros productos altamente subsidiados por el gobierno venezolano.
