El Papa le pidió perdón en nombre de la Iglesia a la víctima, luego de leer el escrito que el joven envió relatando los hechos.
EFE
GRANADA.- Un juzgado español acordó declarar la responsabilidad civil subsidiaria del Arzobispado de Granada, en relación al caso de supuestos abusos sexuales a menores por parte de sacerdotes de esa diócesis del sur de España.
La cuantía de dicha responsabilidad civil se determinará en el momento procesal oportuno, según informó este martes el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
El juez de Granada Antonio Moreno consideró que los imputados, por su condición de sacerdotes, dependían directamente del Arzobispado de Granada.
Entiende el magistrado que el arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, "habría incumplido con los actos de vigilancia, policía o seguimiento necesarios" y recomendados además tanto por la Santa Sede como por la Conferencia Episcopal "para evitar la comisión de unos hechos por parte de un grupo de sacerdotes".
El juez además señala que "no cabe duda" de que los imputados, y especialmente el padre Román, "cabeza visible" del grupo de sacerdotes implicados en los abusos, aprovechando la condición de la víctima como monaguillo en la iglesia que regía, contaba con una "gran ascendencia" sobre él.
La investigación judicial sobre este caso se inició después de que el primero de los dos denunciantes, un joven que ahora tiene unos 24 años, pusiera los hechos en conocimiento de la Fiscalía en octubre del año pasado.
Lo hizo tras recibir en agosto la llamada del Papa, que le pidió perdón en nombre de la Iglesia al leer el escrito que le envió relatando los hechos, ocurridos supuestamente cuando tenía entre 14 y 17 años.
En la causa fueron imputados de manera inicial diez sacerdotes y dos seglares con diferentes grados de presunta autoría, a través de una participación necesaria, cooperación o encubrimiento de los supuestos abusos sexuales.
Sin embargo, el juez acordó en febrero que la investigación judicial de la causa continuara sólo contra el padre Román, al considerar que los delitos contra el resto de los once imputados habían prescrito, lo que fue recurrido ante la Audiencia de Granada, que deberá pronunciarse.
