BRASILIA.- La crisis política brasileña se arrastró hoy hacia la Corte Suprema, en la que la oposición y el oficialismo intentan allanar o cerrar el camino hacia un posible juicio con miras a la destitución de la presidenta Dilma Rousseff.
La disputa jurídica se da en momentos en que el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, todavía tiene sobre su mesa tres solicitudes presentadas por grupos opositores que demandan un juicio político contra la Mandataria.
Sin embargo, aún no las ha examinado y este miércoles dio a entender que las dejará pendientes al menos hasta la próxima semana.
El traslado de la crisis al ámbito judicial fue provocado por una cautelar dictada por tres jueces del Tribunal Supremo, que impide que que la oposición apele ante un eventual rechazo a la solicitud de juicio contra Rousseff.
Según esa ley, la decisión sobre un juicio de esa naturaleza le cabe exclusivamente al presidente de la Cámara baja y debe estar fundamentada en razones de estricto orden jurídico, que según la oposición existen y en la opinión del Gobierno no.
Diputados de los cuatro principales partidos de oposición dijeron hoy que presionarán al presidente de la Cámara baja para que apele a esa decisión, que consideraron una "intromisión" del Poder Judicial en procedimientos internos del Legislativo.
Cunha, que está en problemas con la justicia como sospechoso de haberse favorecido de los sobornos en la estatal Petrobras, dijo hoy que analizará el asunto.
Hasta ahora el presidente de los Diputados ha rechazado once pedidos para procesar a Rousseff, pues entendió que carecían de las razones jurídicas exigidas por la Constitución.
Pero uno de los que aún no ha analizado, según la oposición, sí cumple con lo establecido con la Constitución, pues apunta a un supuesto "delito de responsabilidad" que Rousseff habría cometido al avalar unas maniobras fiscales para maquillar las cuentas públicas de 2014.
Esas maniobras fueron constatadas por el Tribunal de Cuentas, un órgano de contraloría del Estado, que reprobó los balances que el Gobierno presentó el año pasado y recomendó al Congreso que haga lo mismo.
Sin embargo, ese mismo asunto ha llegado al Supremo, a través de abogados vinculados al gobernante Partido de los Trabajadores (PT).
Según esos abogados, lo que califican como "falta administrativa" cometida el año pasado, en el mandato anterior de Rousseff, no puede esgrimirse para juzgar su actual gestión, que comenzó el pasado 1 de enero, por lo que han pedido al Supremo que se pronuncie.
Frente a esa tesis, la oposición ha anunciado que anexará a sus pedidos de juicio contra Rousseff un informe de un fiscal del Tribunal de Cuentas que sostiene que esas maniobras de 2014 se repitieron en los primeros meses de este año, con lo cual serían referidas al nuevo mandato de la presidenta.
A la espera de los dictámenes de la corte, Rousseff ha elevado el tono y, la noche de este martes, en un acto junto a su antecesor y mentor político Luiz Inácio Lula da Silva y al ex Presidente uruguayo José Mujica, acusó a la oposición de haber adoptado una posición "abiertamente golpista".
Según Rousseff, "lo que antes era inconformismo, se transformó en un deseo de retroceso político y eso tiene un nombre: es golpismo de manera abierta".
