BRASILIA.- El Congreso brasileño puso hoy en marcha un complejo proceso para la posible destitución de la presidenta Dilma Rousseff, el cual estará en manos de una comisión especial de 65 diputados de 23 partidos, que será conformada este lunes 7 de diciembre.
Esos 65 legisladores decidirán en primera instancia si las maniobras fiscales denunciadas por la oposición y censuradas por órganos de contraloría del Estado constituyen un motivo para despojar a Rousseff del cargo para el que fue reelegida en 2014.
La comisión, según se acordó hoy, se instalará el próximo lunes y ese mismo día notificará oficialmente sobre el proceso a Rousseff, quien tendrá un plazo de diez sesiones, aún no definidas en términos de días, para presentar su defensa.
Sus alegatos y los de la parte acusadora serán debatidos durante otras cinco sesiones y luego la comisión votará el informe que preparará el diputado instructor del caso.
Si la comisión es favorable al juicio político, la palabra pasará al pleno de los 513 diputados, en el que el proceso avanzará si es respaldado por al menos dos tercios, que equivalen a 342 votos.
En caso de que los diputados lo aprueben, Rousseff deberá separarse del cargo por 180 días, plazo que tendrá el Senado para realizar el juicio político definitivo.
El proceso fue aceptado a trámite por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, un polémico legislador enemistado con Rousseff pese a que pertenece al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera el vicepresidente Michel Temer, primero en la línea sucesoria del Estado brasileño.
El oficialismo en pleno ha puesto el grito en el cielo en defensa de Rousseff, pero en medio de las protestas sorprendió el silencio del ex Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, su antecesor y padrino político, quien se ha limitado a compartir en redes sociales las quejas de otros sin hacer pública una opinión propia.
Cunha acogió un pedido presentado por juristas y cuatro partidos opositores que se fundamenta en irregularidades cometidas por el Gobierno entre 2014 y 2015 en sus balances, de los que ocultó unas millonarias deudas acumuladas con la banca pública.
