BEIJING.- El borrador de la primera ley antiterrorista de China, que el Poder Legislativo de este país debate esta semana, impone destacadas restricciones a la forma en que se podrá informar en el país sobre ataques terroristas, informó hoy la prensa oficial.
Según la agencia Xinhua, una cláusula de esta ley, que podría ser aprobada al final de la actual sesión bimestral de la Asamblea Nacional Popular (ANP), establece que "instituciones o individuos no podrán generar ni divulgar información sobre incidentes terroristas" o "dar detalles que puedan incitar a la imitación".
Asimismo, la ley prohibiría "publicar escenas de crueldad o inhumanidad en actividades terroristas", y señala que sólo medios con aprobación expresa de autoridades antiterroristas podrán informar en estos casos sobre detalles personales de rehenes, fuerzas de seguridad en acto de servicio o autoridades.
La ley se debate tras una oleada de ataques que China atribuye a grupos terroristas ligados al yihadismo con base en la región noroccidental de Xinjiang, y que fueron especialmente virulentos en 2014 cuando algunos de estos incidentes causaron decenas de muertos.
También aparece en un momento en el que la corresponsal en Beijing del semanario francés Le Nouvel Observateur, Ursula Gauthier, corre peligro de ser expulsada de China por un artículo sobre terrorismo que ha generado fuerte rechazo entre las autoridades chinas.
Gauthier fue incluso criticada por medios oficiales chinos por su reportaje, en el que se trataba la reacción de Pekín a los atentados del 13 de noviembre en París, y a día de hoy todavía la periodista no ha podido obtener la tarjeta de prensa y el visado necesarios para seguir trabajando en el país asiático el próximo año.
La reportera de Le Nouvel Observateur (también conocido como L'Obs) fue convocada por el Ministerio de Asuntos Exteriores chino para que admitiera "errores" en su artículo, cosa que rechazó hacer.
La primera ley antiterrorista del país también podría permitir el envío de tropas chinas al extranjero para participar en misiones de lucha contra el terrorismo.
El borrador exige a compañías de sectores como el tecnológico mayor colaboración con las autoridades, por ejemplo censurando contenidos vinculados con el terrorismo, algo que ha generado preocupación en países como EE.UU.
