CIUDAD DEL VATICANO.- El juicio por la filtración de documentación clasificada de la Santa Sede entra esta semana en su fase final con una serie de vistas dedicadas a los alegatos de los cinco imputados.
El proceso, que comenzó el pasado 24 de noviembre, afronta su etapa definitiva con tres audiencias fijadas para mañana, el martes y el miércoles y en las que los abogados de los cinco imputados y el promotor (fiscal Vaticano) deberán formular sus alegatos finales.
Se prevé además que la parque querellante haga su solicitud de condena para los imputados, acusados de revelación y de publicación de secretos de índole económico de la Santa Sede, mientras que la sentencia podría llegar a mediados de este mes de julio.
En estos siete meses y medio de proceso, los imputados han tratado con mayor o menor éxito de dar explicaciones y el cruce de acusaciones y los interrogantes han protagonizado un juicio "a priori" anunciado como breve.
El caso más bullado
El principal acusado es el sacerdote español Lucio Vallejo Balda, quien ha confesado haber divulgado datos cuando era responsable de la ya extinta Comisión investigadora de los organismos económicos y administrativos de la Santa Sede (COSEA), instituida por el propio Papa Francisco para arrojar luz sobre las cuentas vaticanas.
Fue detenido y encarcelado por la Gendarmería el 1 de noviembre y, aunque tras algunos meses se le concedió el arresto domiciliario, fue nuevamente arrestado por comunicarse con el exterior, incumpliendo así las reglas estipuladas.
Su confesión es, aún a día de hoy, una de las pocas certezas de este proceso: Vallejo facilitó 85 contraseñas al periodista Gianluigi Nuzzi, también imputado, para permitirle el acceso al material clasificado que él conservaba en su correo electrónico.
Vallejo afirmó que todo lo hizo por las supuestas presiones y amenazas que recibía de otra imputada, la encargada de las relaciones públicas, Francesca Chaouqui, quien fuera asimismo miembro de la COSEA y con quien llegó incluso a mantener relaciones sexuales, según declaró.
Vallejo llega a esta fase del proceso en una situación de semi-libertad y ha optado por alojarse en una habitación de la Gendarmería porque ahí se siente "más seguro", como explicó su abogada Emanuela Bellardini.
Durante este tiempo en el banquillo de los acusados, la ex relaciones públicas ha centrado sus esfuerzos en desacreditar al religioso español, al que ha acusado de demostrar "comportamientos extraños" y de mantener "amistades poco convenientes".
Incluso ha llegado a aludir a su presunta homosexualidad.
Chaouqui ha dado a luz a un niño al que ha llamado Pietro Elia Antonio y al que ha presentado en las redes sociales, donde permanece muy activa y lanzando todo tipo de dardos a las autoridades que la juzgan e incluso a los medios de comunicación.
En su perfil de Facebook puede verse a su hijo abrazando un ejemplar de "Via Crucis", el libro en el que Nuzzi publicó los archivos filtrados, y ha llegado incluso a afirmar que será "condenada sin pruebas", lo que ha enfadado al Vaticano, que ha calificado estas palabras de "calumniosas".
Los otros imputados
Asimismo permanecen imputados los periodistas Nuzzi y Emiliano Fittipaldi, que denunció unos hechos similares en su obra "Avarizia", y ambos han lamentado que la Santa Sede, juzgándoles, no respete el derecho a la información.
Nuzzi en concreto ha afirmado que su voluntad era, sobre todo, denunciar el boicot por parte de distintos actores de la Iglesia a las reformas económicas del papa Francisco.
El último imputado es el administrativo del COSEA, Nicola Maio, quien durante su testificación negó haber robado información reservada y reconoció que Chaouqui ejercía "cierta influencia" sobre Vallejo.
Rechazó haber recibido presiones de Chaouqui para hacerlo y aseguró que nunca había visto antes a los periodistas, de los que dijo encontró por primera vez el Tribunal.
También han desfilado distintos testigos que han dado fe del comportamiento del sacerdote español, como la archivera de la Prefectura de Asuntos Económicos del Vaticano, Paola Pellgrino, que aseguró que Vallejo ordenó fotocopiar multitud de documentos.
Se trataba de documentación relativa a las Causas de los Santos y los balances de las basílicas papales que después esta empleada vaticana afirmó haber visto en los libros publicados.
Por último, aunque estaba prevista su comparecencia, el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, el cardenal español Santos Abril y Castelló y el limosnero pontificio, Konrad Krajewski no prestarán declaración en virtud al Código de Derecho Canónico, que exime de declarar a los oficiales públicos sobre "lo que se le ha confiado por razones de trabajo".
