El nuevo acuerdo trae una serie de cambios en comparación con el acuerdo original, los cuales se consignaron luego de una serie de reuniones entre los dos equipos negociadores sostenidas en La Habana, seguidas atentamente por el Mandatario colombiano, luego del fracaso en las urnas.
Con todo, y tras semanas de conversaciones, se llegó al documento final que fue firmado en una sobria y austera ceremonia en el Teatro Colón de Bogotá y que fue refrendado por el Congreso. Decisión que ya ha concitado el rechazo de la oposición liderada por el ex Presidente Álvaro Uribe, uno de los cabecillas de la campaña por el "No" en el pasado plebiscito.
Así, estos son los principales puntos del nuevo acuerdo:
No formará parte de la Constitución
A diferencia del acuerdo original, el nuevo pacto no se anexará a la Contitución colombiana una vez refrendado por el Congreso. Esta vez, se redactará un artículo transitorio vigente por tres periodos presidenciales (12 años), que sostiene que "las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe" con lo acordado.
Presencia de las FARC en la vida política
Era una de las principales críticas que hacía la oposición a este acuerdo. Sin embargo, la representación de las FARC en la política se mantendrá y podrán ser elegibles los responsables de delitos de lesa humanidad.
No obstante, se explicitó que el grupo guerrillero no ocupará los cupos que dejarán en la Cámara de Representantes las zonas que padecieron el conflicto armado.
Asimismo, se estableció que la guerrilla recibirá hasta el año 2027 "una suma equivalente al promedio que recibieron los partidos o movimientos políticos con personería jurídica". De todos modos, las FARC serán firmemente fiscalizadas para verificar que el dinero entregado no se utilice en actividades ilícitas.
Expropiación de las tierras
En el acuerdo firmado el 26 de septiembre, uno de los temores era el alcance de la expropiación de tierras por vía administrativa, ya que no había mayores precisiones al respecto y existía temor de parte de los voceros del "No" sobre la propiedad privada.
Así, en el nuevo texto se explicitó que lo pactado no afecta de ninguna manera el derecho a la propiedad y que la expropiación se hará bajo la legislación vigente. Asimismo, se beneficiará prioritariamente a las víctimas del conflicto y no sólo al campesino sin tierra o con tierra insuficiente.
Además, junto con proteger al pequeño agricultor, se fijó el fomentar "la inversión en el campo con visión empresarial".
Del mismo modo, será la autoridad vigente, y no la guerrilla, la encargada de administrar las zonas de reserva campesina destinadas para el desarrollo ambiental y la seguridad alimentaria.
Participación de la justicia ordinaria
Era uno de los puntos más discutidos, ya que el pacto preliminarmente establecía una Jurisdicción Especial para la Paz, encargada de juzgar los delitos cometidos durante el conflicto, donde participarían jueces extranjeros.
Ahora, se fijó que todos los magistrados serán de nacionalidad colombiana, aunque se prevé la posibilidad de que participen expertos foráneos en calidad de "amicus curiae".
Además, ahora participará la justicia ordinaria en el proceso, es decir, la Corte Suprema, la Corte Constitucional y la Judicatura en caso de que el afectado decida insistir en la revisión del fallo de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Del mismo modo, se establece un periodo de diez años para presentar acusaciones, que podría extenderse a los 15 años.
Entrega de fortunas ilegales de la guerrilla
Ahora se consignó de manera expresa la obligación de las FARC de entregar cualquier bien obtenido durante el conflicto. Así, la guerrilla entregará al Gobierno una lista con sus bienes ilegales.
Estos bienes se ocuparán para reparar a las víctimas del conflicto, de acuerdo a lo acordado en el nuevo pacto.
