NUEVA YORK.- El Presidente Donald Trump sopesa ponerle fin a un programa de la era de Barack Obama que protege a los jóvenes indocumentados de su deportación, pero solo después de darle al Congreso estadounidense seis meses para encontrar un posible remplazo para la iniciativa, según tres funcionarios al tanto de las discusiones.
Los oficiales involucrados señalaron que Trump todavía podría cambiar de parecer, y algunos detalles básicos no han sido resueltos. Entre ellos el si los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés) podrán renovar su estatus durante ese plazo de seis meses.
Ese periodo, que resultaría en una legislación que remplace a la orden ejecutiva de Obama, sería una concesión en respuesta a los pedidos de varios legisladores republicanos que le han pedido a la Casa Blanca que mantenga el programa.
La solución temporal es resultado de varias negociaciones silenciosas entre el equipo legislativo de Trump e integrantes del personal del presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, de acuerdo con un oficial con información sobre las conversaciones.
Sin embargo, los asesores legislativos reconocen que es poco probable que el Congreso se ponga de acuerdo para un plan dado que un proyecto anterior en 2012 no pudo avanzar. No queda claro qué pasaría a los seis meses si el Parlamento no encuentra una alternativa.
Este lunes, el Presidente Trump recibiría más consejos al respecto antes de un anuncio oficial de la Casa Blanca que está previsto para el martes.
La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, no respondió a preguntas sobre las negociaciones; solo dijo que Trump todavía tiene planeado hacer declaraciones después del Día del Trabajo de Estados Unidos, que se conmemora este lunes.
Un funcionario, que pidió mantener su anonimato al tratarse de discusiones internas, dijo que Trump tenía simpatía por los jóvenes migrantes apodados "dreamers", muchos de los cuales solo conocen la vida en Estados Unidos y tienen pocas conexiones con sus países de nacimiento, pero que el Departamento de Justicia le había dicho que el programa de Obama no sobreviviría a una demanda en tribunales.
Varios fiscales generales han amagado con demandar al gobierno federal para que elimine el DACA si Trump no lo hace para el martes. Sin embargo, John F. Kelly, el jefe de gabinete de Trump, le dijo a sus asociados que no veía de qué manera podría proceder una demanda encabezada por Texas cuando el estado todavía se recupera del huracán Harvey.
Líderes empresariales, demócratas y algunos republicanos han instado a Trump a que mantenga el programa, mientras que las encuestas de opinión indican que hay un respaldo mayoritario a que los "dreamers" puedan quedarse y trabajar en Estados Unidos.
No obstante, el fiscal general Jeff Sessions y Stephen Miller, ex asistente legislativo de Sessions y actualmente principal asesor de política nacional de Trump, le han pedido al Presidente que ponga fin al DACA. Ambos tienen puntos de vista de línea dura en cuanto a la migración y ven la eliminación del programa como cumplir una promesa de campaña.
En una reunión en la Casa Blanca, Sessions le habría dicho a Trump que en caso de una demanda no defendería lo que considera una orden ejecutiva ilegal, según personas al tanto de la conversación, y los funcionarios en la Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional han intentado convencer al Presidente de que su gobierno se vería mal parado si argumentara a favor de mantenerlo.
Trump ha dado señales mixtas respecto al DACA durante los últimos meses. Ha prometido prevenir que los menores de edad en universidades sean deportados, pero también ha dicho que tendrá una línea dura contra cualquier tipo de migración. En abril, por ejemplo, le dijo a The Associated Press que los beneficiarios del programa podrían "estar tranquilos" sobre su estatus porque su gobierno no "perseguía a los 'dreamers', sino a los criminales". Muchos de los funcionarios de la Casa Blanca de Trump, incluida su propia familia, respaldan que haya cierta lenidad hacia los migrantes beneficiados por el programa.
La hija mayor de Trump, Ivanka, y su yerno, Jared Kushner, son también asesores del Presidente y ambos respaldan extender las protecciones del DACA.
El cambio de la política afectaría a 800.000 migrantes indocumentados actualmente protegidos por el programa, con lo que perderían su estatus legal y serían sujetos a la deportación.
Grupos defensores de inmigrantes han dicho que ponerle fin al DACA sería una jugada sin compasión que no traería beneficio alguno a Estados Unidos pero que pondría en peligro a muchos jóvenes criados en ese país que quieren trabajar, estudiar y pagar impuestos.
"No entiendo qué cree la gente que podemos ganar al quitarle a estas personas la habilidad de trabajar y los exponemos a la deportación", dijo Cecilia Muñoz, quien ayudó a crear DACA como asesora de política interior de Obama. "Los beneficios positivos de DACA son muy claros", agregó.
La diputada republicana por Florida Ileana Ros-Lehtinen escribió en Twitter: "Después de engañar a los #Dreamers durante meses con habladurías de su 'gran corazón', @POTUS les cierra la puerta en sus narices. Qué 'corazón'".
Cualquier movida para poner fin a DACA tampoco será bien recibida en Silicon Valley, que de por sí tiene una relación algo frágil con Trump. El jueves, líderes empresariales como Tim Cook de Apple, Jeff Bezos de Amazon y Mark Zuckerberg de Facebook firmaron una carta abierta dirigida al Presidente y a integrantes del congreso urgiéndolos a mantener el programa en vigor.
