SANTIAGO.- Cuando llevaba solo dos semanas en el poder de España, el socialista Pedro Sánchez causó una fuerte impresión acogiendo en Valencia al buque "Aquarius" que, tras haber sido rechazado por Malta e Italia, se mantuvo varios días a la deriva en el Mediterráneo con 629 inmigrantes en su interior.
La medida buscaba "ser una gran foto del espíritu solidario" del Ejecutivo, según afirmaba la recién llegada vicepresidenta española, Carmen Calvo, en ese entonces. Pero esta semana, ese mismo Gobierno se mostró reticente a permitir de nuevo el desembarco del "Aquarius", que esta vez navegaba con 141 migrantes rescatados.
"España no es el puerto más próximo y, por lo tanto, no es el puerto más seguro para desembarcar", señaló el lunes una fuente gubernamental española. Pero la verdad es que Valencia tampoco estaba cerca de la ubicación que mantenía el barco dirigido por las ONG Médicos sin Fronteras y SOS Mediterranée en junio pasado.
"Emergencia" migratoria
Aunque las autoridades españolas han señalado que el caso actual no es comparable con el de hace dos meses, el cambio de postura no pasó desapercibido en la opinión pública y vino a hacer patente una política que el Ejecutivo liderado por el líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) viene desplegando hace un par de semanas: limitar el ingreso de inmigrantes al país.
Para algunos analistas, el giro de timón se da, entre otras cosas, porque en los últimos dos meses Sánchez se percató del complejo escenario migratorio que le heredó el Gobierno del Partido Popular (derecha). Una situación que al parecer no conocía cuando, en su intención por tomar distancia de su antecesor, Mariano Rajoy, decidió recibir al primer "Aquarius".
España se convirtió este año en la primera puerta de acceso por mar de los migrantes clandestinos hacia Europa, superando a Italia y Grecia. Desde principios del año, más de 24.000 migrantes llegaron a bordo de embarcaciones precarias, según la Organización Internacional para las Migraciones. Un número que triplica la cifra de 2017 en el mismo periodo.
Ante la falta de una política migratoria definida en respuesta a este panorama, las críticas empezaron a pegar con fuerza a la nueva administración. La oposición comenzó a cuestionar este "espíritu solidario" de Sánchez. Mientras, autoridades regionales socialistas de Andalucía, desbordada por la llegada de barcos, reclamaban la falta de apoyo del Gobierno.
¿Un giro o una estrategia?
Pese a que Madrid se esforzaba por descartar que el tema migratorio lo había superado, el 31 de julio pasado se dio a conocer una resolución del Ministerio del Interior en la que se declara "situación de emergencia" debido a la llegada "masiva de embarcaciones con inmigrantes a las costas españolas, especialmente el arco sur (Almería, Granada, Málaga, Cádiz y Huelva)".
24.000 inmigrantes ilegales han llegado por mar este año a España
El mismo escrito asegura que la situación es "inesperada" y que se prevé
la llegada de al menos otros 10.500 inmigrantes a las costas andaluzas en un plazo no superior a tres meses. Tras ello, la postura respecto a la acogida de rescatados comenzó a dar sus primeros vuelcos.
El 5 de agosto España abrió su primer campo de refugiados en régimen cerrado cerca de San Roque, en la bahía de Algeciras (Adalucía). La iniciativa, que fue acordada por Sánchez en su cita con el Presidente Francés, Emmanuel Macron, el 23 de junio, implica que los inmigrantes que tienen derecho a asilo sean asentados, mientras que quienes no poseen protección internacional sean expulsados y devueltos a sus países de origen.
Desde la llegada del "Aquarius", España abrió tres veces sus puertos a buques humanitarios. En la última, el 9 de agosto, Algeciras recibió al barco de la ONG española Proactiva Open Arms. Pero a su llegada, el Gobierno informó que estos socorridos no tendrían el tratamiento especial que se les entregó a los llegados en el "Aquarius" en junio.
No se les otorgó los 45 días de gracia para permanecer en el país que tuvieron los 629 rescatados, ni tampoco los 30 días que tuvieron otros 60 arribados que llegaron en Open Arms hace un mes. A los
87 migrantes solo se les dio un plazo máximo de 72 horas para ser identificados y decidir su destino.
Pese a lo anterior, el Ejecutivo español ha afirmado que su actuar es parte de una estrategia para actuar con responsabilidad respecto a la protección de fronteras y a la acogida de refugiados. Incluso, afirmaron que su intención con la recepción del "Aquarius" en junio no era sentar un precedente, si no que poner una voz de alerta entre las naciones europeas para que entregaran su colaboración en la distribución de quienes huyen de sus países.
De ser así, parece haberlo logrado: este martes y tras haberse negado a aceptar en sus puertos nuevamente a la embarcación de rescate, España negoció la recepción de 60 de los 141 refugiados; mientras Malta aceptó que el barco atracara en su bahía y el resto de las personas se distribuirá entre Francia, Alemania, Luxemburgo y Portugal.
