SANTIAGO.- El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular de la ONU fue aprobado este lunes en la cumbre que se celebra en la ciudad marroquí de Marrakech, entre llamados a una cooperación multilateral para afrontar un fenómeno de dimensión global.
Chile no estuvo presente. Un día antes de que se concretara la cumbre, el Gobierno de Sebastián Piñera anunció que no adheriría a la iniciativa. Pese a la polémica que generó la decisión, el país no es el único que se ha decantado por restarse. Revisa a continuación las
otras 14 naciones que no firmaron el acuerdo y sus respectivas razones.
Australia
A finales de noviembre, el Primer Ministro Scott Morrison informó que no firmaría el acuerdo pues consideraban que éste podría comprometer los intereses nacionales de Australia. "Es inconsistente con nuestras políticas bien establecidas (…) No creemos que la adopción de este acuerdo agregue nada para mejorar nuestra capacidad de controlar nuestras fronteras y administrar nuestro exitoso programa de migración", aseguró.
Australia se jacta de sus estrictas medidas migratorias que le permitieron disminuir la llegada de refugiados y de inmigrantes ilegales. Hasta hace cinco años, personas originarias de Asia y Oriente Medio zarpaban desde Indonesia para llegar a las costas del norte del país. El Gobierno optó por implementar una política de "tolerancia cero" y dejar de recibirlos.
"El acuerdo
no distingue adecuadamente entre las personas que ingresan a Australia ilegalmente y las que llegan a Australia por el camino correcto, particularmente con respecto a la provisión de asistencia social y otros beneficios", argumentó Morrison, añadiendo que el pacto podría alentar el ingreso irregular de migrantes y el tráfico de personas.
Suiza
Pese a ser uno de los que más se involucró en los 18 meses de negociaciones que llevaron al borrador final del acuerdo, los miembros del Consejo Federal (Ejecutivo) suizo decidieron aplazar la firma del pacto y no ir hoy a Marruecos. Aunque aseguraron que el acuerdo es compatible con sus intereses, optaron por someterlo al debate del Legislativo. También se evalúa un referéndum.
Algunos políticos, especialmente de derecha, se quejan de que el pacto podría debilitar su soberanía. Además, el acuerdo se aparta de la ley suiza en un punto: la detención en espera de deportar a los menores de 15 años, algo que es legal en el país, pero que el acuerdo frena.
Países de la UE
La misma opción tomó el Gobierno italiano de Giuseppe Conte. "Es un documento que trata temas que afectan a los ciudadanos. Consideramos oportuno, por ello, interrogar al Parlamento y tomar las decisiones definitivas según el resultado del debate parlamentario". Ello, pese a que hace solo dos meses el Premier había comprometido ante la ONU su firma del acuerdo.
Las políticas de
Italia contra la inmigración se han endurecido desde la llegada al poder del gobierno de coalición del euroescéptico Movimiento 5 estrellas y la ultranacionalista Liga, en mayo de este año. Una alianza impulsada por la
crisis migratoria que desde 2015 afecta a Italia y otros países de Europa que colindan con el mar Mediterráneo.
También es el caso de Hungría y Austria. En el primero, el líder del Gobierno ultraconservador, Viktor Orban, ha asegurado que considera que el continente está siendo invadido por inmigrantes musulmanes. Así, su ministro de RR.EE., Peter Szijjarto, declaró a mediados de julio que el pacto de la ONU es "peligroso para el mundo y para Hungría". Según dijo, "incitará a millones de personas a tomar la carretera (…) (Hungría) no considera de ninguna manera que las medidas o líneas directrices del paquete constituyan la vía a seguir".
El Canciller federal de Austria, Sebastian Kurz, siguió la misma línea. "Hay algunos puntos que vemos de manera crítica y donde tememos una amenaza a nuestra soberanía nacional", subrayó a finales de octubre el líder del Gobierno, regido por la alianza antiinmigrante del Partido Popular (ÖVP, conservador) y el ultranacionalista Partido Liberal (FPÖ). El vicecanciller, Heinz-Christian Strache, en tanto, añadió: "La migración no es ni puede ser un derecho humano".
Y la lista de países europeos continúa: República Checa, Polonia, Bulgaria y Eslovaquia hicieron sus anuncios uno tras otro. En Praga, el Ejecutivo liderado por el populista y conservador, Andrej Babis, aseguró que no ve en el pacto la "confirmación de las obligaciones de los países de origen de recibir de vuelta a sus ciudadanos", ni tampoco "un tratamiento distinto entre migración legal e ilegal". Este mismo argumento esbozó el resto.
Estonia y Lituania, miembros comunitarios, hicieron lo propio. "Al formar la coalición de gobierno, acordamos que tomamos decisiones solo por consenso. El gobierno hoy no logró llegar a un acuerdo en la reunión del Gabinete sobre el apoyo al pacto migratorio de la ONU. Por lo tanto, el gobierno no se unirá al acuerdo", escribió el Primer Ministro Jüri Ratas, quien añadió que de todas formas las leyes de Estonia ya están en línea con los principios democráticos y europeos.
Israel
El Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se basó en el ingreso de inmigrantes ilegales para rechazar el acuerdo el 20 de noviembre pasado. "Tenemos el deber de proteger nuestras fronteras contra las entradas ilegales. Eso es lo que hemos hecho y eso es lo que haremos", sostuvo, según 'Times of Israel'.
Israel ha endurecido en estos últimos años su posición por la creciente presencia de inmigrantes africanos, hasta el punto de proponer arrestos y deportaciones que han terminado vetados por la Justicia por considerar que incumplían el Derecho Internacional. Tanto así, que en enero pasado el Primer Ministro propuso deportar a unos 38.000 migrantes africanos irregulares, la gran mayoría oriundos de Eritrea y Sudán, que cruzaron por la frontera con Egipto.
República Dominicana
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, afirmó el 4 de diciembre pasado que el pacto tiene "disposiciones contrarias al interés nacional", por lo que el país no adheriría a él. Según subrayó, aunque el acuerdo no tiene carácter vinculante , su firma "crearía compromisos internacionales que le impedirían al Estado dominicano, o lo limitarían enormemente, para dar respuestas a situaciones que puedan presentarse en nuestra frontera terrestre como resultado de las condiciones estructurales y los procesos políticos y sociales que se vive en el país vecino".
Espinal hizo directa referencia a la situación que le genera al país el compartir con el deprimido Haití la isla caribeña La Española. Según datos oficiales, la población extranjera residente en la República Dominicana asciende a 847.979 personas y el
88,5 % de esta es nacida en Haití o es descendiente de inmigrantes haitianos. Por ello, diversos sectores, incluida casi toda la oposición, la cúpula empresarial y legisladores oficialistas habían pedido al Gobierno no firmar. "Podría desbordar con creces nuestros recursos", añadió.
Estados Unidos
Fue el primero en decir no. Se restó hace un año, cuando las negociaciones recién comenzaban. Una situación que no extrañó, considerando las polémicas iniciativas que ha intentando impulsar el Gobierno de Donald Trump, en su afición por poner barreras -algunas políticas y otras literales- a inmigrantes musulmanes y latinoamericanos. Según argumentó Washington en 2017, el acuerdo es "incompatible" con sus políticas y principios migratorios.
Esta semana EE.UU. reiteró su postura respecto al acuerdo: "Es un esfuerzo de las Naciones Unidas para promover la gobernanza global a expensas del derecho soberano de los Estados de administrar sus sistemas de inmigración", afirmó la Casa Blanca en un comunicado.
