Autoridades de la Unión Europea se comprometieron este martes a proteger los intereses de sus empresarios en Cuba y les instaron a "contraatacar" si son demandados por compañías de EE.UU. cuando el Gobierno de Donald Trump autorice las reclamaciones sobre propiedades nacionalizadas en la isla.
"Tenemos una reglamentación que permite a las empresas europeas contraatacar a iniciativas eventuales de las empresas americanas", declaró el director general de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea, Stefano Manservisi, en una conferencia de prensa en La Habana.
Sus palabras llegan horas después de revelarse que el miércoles Washington anunciará la activación desde el 2 de mayo del título III de la ley Helms-Burton, lo que endurecerá el embargo a Cuba y permitirá demandar ante cortes estadounidenses a empresas que se lucren con bienes expropiados por la Revolución de 1959.
Por su parte, el embajador del bloque europeo en La Habana, Alberto Navarro, se comprometió a "proteger a nuestros empresarios que han invertido o querido invertir aquí" y también aludió a la "legislación antídoto" de 1996 que blinda a los europeos "en caso de que hubiera demandas o solicitudes de un juez de EE.UU.".
"Los ciudadanos europeos tienen la obligación de no colaborar y al mismo tiempo la posibilidad de solicitar reclamaciones contra empresas (estadounidenses) que hubieran pedido indemnizaciones por supuestas utilizaciones de propiedades confiscadas aquí en Cuba", explicó.
Un alto funcionario estadounidense adelantó hoy a EFE y otros medios en Washington que el miércoles su Gobierno "pondrá fin a unos 20 años de suspensiones del Título III de la ley Helms-Burton", una medida que se haría efectiva el 2 de mayo.
El anuncio formal lo hará mañana miércoles el Departamento de Estado y lo confirmará John Bolton, el asesor de seguridad nacional de Trump, en un discurso que dará en Miami y en el que anunciará más sanciones contra Cuba, Venezuela y Nicaragua.
El título III se creó para permitir que los estadounidenses, incluidos los cubanos naturalizados, pudieran demandar ante cortes de EE.UU. a las compañías que supuestamente se estaban beneficiando de propiedades en Cuba que eran suyas antes de la Revolución liderada por Fidel Castro en 1959.
Cuando se aprobó esa ley en 1996, el bloque europeo y otros países con intereses empresariales en la isla se opusieron ferozmente porque temían que sus compañías fueran demandadas en EE.UU. y, por ello, la UE denunció a Washington ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).
El litigio concluyó entonces con el compromiso de EE.UU. de mantener el título III suspendido a cambio de la retirada de la querella, algo que se ha mantenido por más de dos décadas hasta que el gobierno de Trump comenzó a amenazar con romper ese acuerdo y previsiblemente lo haga oficial mañana.
España y otros países pidieron en las últimas semanas al Gobierno estadounidense que no cumpliera las amenazas de activar el Título III, algo que podría afectar a compañías españolas como el grupo Meliá que posee numerosos hoteles en Cuba, varios de ellos emplazados en propiedades nacionalizadas hace seis décadas.
El embajador de la UE en Cuba también se pronunció contra el embargo financiero y comercial de EE.UU., así como a su aplicación extraterritorial, al afirmar que transgrede el derecho internacional y todos los países europeos están en contra de esta medida punitiva que se prolonga por casi 60 años.
