"¿Quieres saber lo que te hacen los hombres? Te lo voy a enseñar". Esas fueron las palabras que Norma (nombre ficticio) escuchó antes de ser violada por su padre. La joven ecuatoriana tenía sólo 12 años en ese momento y, tras sufrir un año de abusos reiterados, quedó embarazada. En Ecuador, el aborto está prohibido con excepción de la causal de riesgo a la vida de la madre, por lo que ella se vio obligada a ser madre.
Hoy, desde una casa de acogida, Norma es una de las cuatro jóvenes latinoamericanas que llevará su historia ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Al igual que ella, los casos de otras tres víctimas de violación provenientes de Nicaragua y Guatemala serán parte de un litigio único contra los tres países, que penalizan o no permiten legalmente la interrupción del embarazo en este tipo de situaciones.
Según consigna el diario El País, la demanda es impulsada por la organización
Ginebra Planned Parenthood Global, que lucha por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, además de otras seis asociaciones de la región y el Centro de Derechos reproductivos de EE.UU. El fin es que se tomen medidas concretas para una reforma de la legislación de estos países.
"Esto se puede traducir en una despenalización del aborto en Nicaragua o protocolos de implementación en Guatemala", señaló Catalina Martínez, directora regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos. "Los Estados tendrán que cumplir los estándares que dicte el comité", añadió al mismo diario Ximena Casas, de Planed Parenthood Global.
Los casos
En Ecuador, siete niñas menores de 14 años quedan embarazadas fruto de una violación cada día y 3.000 dieron a luz entre 2015 y 2017. En el caso de Norma, una de las principales preocupaciones es que el Estado ecuatoriano sabía de la existencia de violencia sexual en su entorno familiar.
"El Estado conocía la violación de su prima seis años antes y de su hermana tres años antes y aún así dejó a Norma ahí. La última mujer que registramos es su hermana menor, violada después de que Norma fuese sacada del hogar", afirmó Ana Vera, directora ejecutiva de la asociación Surkuna y quien llevará hoy el caso ante la ONU en Ginebra.
7 niñas menores de 14 años quedan embarazadas producto de una violación diariamente en Ecuador
La historia de
Fátima (nombre ficticio), originaria de
Guatemala, no es muy diferente. Hoy tiene 21 años pero cuando
tenía solo 12 fue abusada por un empleado de la Secretaría de Bienestar Social. La violación ocurrió en un centro gubernamental de apoyo a menores, al que asistía regularmente junto a su hermana tras el fallecimiento de su padre. Ambas menores fueron víctimas del mismo hombre, que hasta hoy no ha sido detenido.
Fátima, en cambio, se vio obligada a tener al hijo de su agresor porque la ley guatemalteca castiga el aborto con multas y hasta 3 años de cárcel, y solo está autorizado si la vida de la madre corre peligro. Esa legislación llevó a que 2.256 niñas menores de 14 años se convirtieron en madres en 2018. Aún así, desde 2017 el país centroamericano debate sobre un nuevo proyecto que busca incrementar a 10 años de prisión las penas contra la interrupción voluntaria del embarazo e incluso considera delito los abortos espontáneos.
Los casos de Nicaragua corresponden a los de Susana y Lucía.
Susana fue violada entre los 7 y 13 años por su abuelo, quien mantenía antecedentes por homicidio. Los abusos comenzaron una mañana luego de que la amenazara con un machete y solo se detuvieron porque quedó embarazada. Ella junto a su abuela, víctima de violencia doméstica, debieron refugiarse en una casa de acogida. Aunque denunciaron, el hombre continúa en libertad.
Lucía, en tanto, fue abusada por el sacerdote de la parroquia cercana a su casa. Tenía 13 años y se había inscrito en el coro, al que acudía luego del colegio. Las violaciones continuaron hasta que cumplió 15 y quedó embarazada. Con el respaldo de su madre, hizo la denuncia ante las autoridades y una prueba de ADN terminó inculpando al religioso. Han pasado seis meses desde que el caso llegó a los juzgados, pero aún no se ha ejecutado la orden de captura contra su agresor.
En Nicaragua, las niñas embarazadas por una violación también son obligadas a dar a luz. El aborto terapéutico, practicado en caso de riesgo de vida para la madre, violación y malformaciones del feto incompatibles con la vida, fue declarado ilegal en 2006. Desde entonces, todo tipo de interrupción voluntaria del embarazo está penalizado.
Con la demanda que se presentará este miércoles ante la ONU, las organizaciones pretenden que, más allá de reparaciones, el Comité les ayude a impulsar nuevos estándares y reformas legales, para garantizar la protección de los derechos y la integridad de las menores en este tipo de situaciones.
