El fiscal general de California, Xavier Becerra, demandó este lunes a la compañía Purdue Pharma por promocionar y vender OxyContin sin advertir de que es un medicamento adictivo y contribuir así a la crisis de opiáceos en el estado.
La querella, que también responsabiliza directamente al millonario ex presidente de la compañía Richard Sackler, alega que la estrategia de ventas de Purdue Pharma ha violado las leyes de protección al consumidor de California, entre otras.
"Purdue Pharma y el Dr. Sackler
comenzaron el incendio y luego vertieron gasolina sobre la crisis de los opioides con prácticas irresponsables, inconscientes e ilegales", dijo Becerra en una conferencia de prensa.
El fiscal general californiano advirtió que las prácticas de comercialización de la compañía "sacrificaron el bienestar de los californianos por miles de millones de dólares en ganancias y alimentó una crisis nacional de salud pública sin precedentes".
Según la demanda, Purdue vendió falsamente OxyContin como un tratamiento seguro y eficaz para el dolor crónico no relacionado con el cáncer, a sabiendas de que las medicinas que contienen oxicodona están entre los opioides de los que más se abusa en Estados Unidos.
Becerra aseguró que la farmacéutica lo sabía desde 1997 y que aún así, desde entonces, redobló sus estrategias para, de 48 millones de dólares en ventas en 1996, alcanzó unos 2.000 millones en 2002.
La Fiscalía resaltó que en 2007, la compañía y varios de sus directivos se declararon culpables de un error de etiquetado de OxyContin, al admitir que promovieron ilegalmente el medicamento, por lo que acordó pagar más de 600 millones de dólares en multas.
Otros estados, como Oregon o Nueva York, ya dieron los mismos pasos que California y demandaron a la farmacéutica.
En marzo pasado Nueva York presentó una demanda similar contra seis fabricantes de opioides, entre ellos Purdue, mientras que a comienzos de año Oklahoma llegó a un acuerdo con la familia Sackler por el valor de
270 millones de dólares.
Becerra destacó que en California la compañía distribuyó información y material promocional que tergiversaron la seguridad de sus analgésicos a base de opiáceos entre los profesionales de la salud y los pacientes.
En el Distrito de Columbia, Hawaii y Maine también presentaron hoy demandas similares contra la farmacéutica.
