En el veredicto de primera instancia, 16 de los acusados habían sido absueltos, entre ellos cinco chilenos.
AFP (Archivo)
La Justicia italiana condenó este lunes a cadena perpetua a 24 jerarcas y militares de Bolivia, Chile, Uruguay y Perú acusados de la desaparición de 23 italianos en la Operación Cóndor, el plan represor en América Latina en las décadas de 1970 y 1980.
De este modo el Tribunal de Apelación de Roma cambia la sentencia en primera instancia de enero de 2017 y que estableció ocho cadenas perpetuas y 19 imputados absueltos por haber prescrito los delitos.
Entre los condenados hoy está el ex militar uruguayo Jorge Néstor Troccoli, el único que se ha personado en el proceso ya que reside en libertad en Italia desde que se escapara de la justicia de su país en 2007 y que en principio quedó absuelto.
La Fiscalía había reclamado presidio perpetuo para todos los imputados.
En la primera instancia fueron condenados a esa pena ocho personas, todos en contumacia, sin personarse en Roma, como el dictador boliviano
Luis García Meza, fallecido en abril de 2018, y su ministro del Interior,
Luis Arce Gómez.
Y también el ex Presidente peruano Francisco Morales Bermúdez; su primer ministro Pedro Richter Prada, muerto en julio de 2017; el e xmilitar peruano Germán Ruiz; los chilenos Hernán Ramírez y Rafael Ahumada Valderrama, y el ex canciller uruguayo Juan Carlos Blanco.
Ahora a estos condenados se suman los ex militares chilenos Pedro Octavio Espinoza Bravo, Daniel Aguirre Mora, Carlos Luco Astroza, Orlando Moreno Vásquez y Manuel Abraham Vásquez Chauan.
Asimismo los ex militares uruguayos José Ricardo Arab, José Horacio Gavazzo, Juan Carlos Larcebeauy, Pedro Antonio Mato, Luis Alfredo Maurente, Ricardo José Medina, Ernesto Avelino Ramas Pereira, José Santa Lima, Jorge Alberto Silveira, Ernesto Soca y Gilverto Vázquez.
Todos han sido condenados por los delitos de homicidio voluntario y deberán también pagar las costas del juicio.
Este proceso comenzó con la denuncia hace exactamente veinte años en Italia de algunos familiares de desaparecidos, en 1999, un año después de que se ordenara la detención del chileno Augusto Pinochet tras la investigación del juez español Baltasar Garzón.
Ha tratado de depurar responsabilidades por la desaparición de 23 ciudadanos latinoamericanos con orígenes italianos, opositores políticos y activistas de izquierda que desaparecieron en las redes de la conocida como Operación Cóndor.
