Crítica realidad es la que se vive en Filipinas: más de
20.000 asesinatos se han registrado en tres años, situación que los organismos internacionales califican como una "
calamidad". Todo esto, en una nación donde crece el
miedo entre sus millones de ciudadanos bajo el mandato de un Presidente que
alienta las ejecuciones para derrumbar el narcotráfico. Lejos de las guerras y de los conflictos internacionales que afectan a otras regiones, el país
y su Mandatario,
Rodrigo Duterte, enfrentan una lucha interna, que ahora está bajo el escrutinio público internacional.
La realidad de esta nación no es nueva y el mundo lo sabe. No por nada, el jueves, el Consejo de DD.HH. de la ONU decidió aumentar la presión hacia la región, ordenando un seguimiento profundo y la realización de un informe, algo parecido a lo que hizo recientemente con Venezuela la oficina de la Alta Comisionada Michelle Bachelet.
No fue unánime su aprobación. Dieciocho estados votaron a favor, 15 se abstuvieron y 14 rechazaron la resolución -entre ellos Chile-, que fue reprobada desde Manila por considerarla "tan alejada de la realidad sobre el terreno".
Guerra contra las drogas
A fines de junio de 2016, Duterte juró como Mandatario y lo hizo con un claro objetivo: luchar contra el crimen y las drogas, una de las mayores preocupaciones de los filipinos por ese entonces. Para ello propuso, entre otras medidas, que volviera la pena de muerte a la jurisdicción de su país y además señaló que apoyaría a los efectivos policiales que mataran a narcotraficantes.
Con respecto a este último punto, las cifras son evidentes. En julio de este año, Amnistía Internacional (AI) registró más de 27.000 asesinatos en tres años, entre el 1 de julio de 2016 y el 31 de mayo de 2019, de los cuales solo 6.600 fueron reconocidos por la policía en operaciones en contra de las drogas.
Nicholas Bequelin, director regional de AI para el Sudeste Asiático, mencionó que la guerra que enfrenta Duterte "sigue como una empresa de matar gente a gran escala". El último informe del organismo señaló que la llamada "guerra contra las drogas" se vive por toda la nación y que "miles de personas pobres, de las que se sospechaba de usar o vender drogas, fueron matadas por la policía y por otros desconocidos armados", que se presume, están ligados a las fuerzas de seguridad.
"Nos están masacrando como animales" dijo un filipino en un reportaje del New York Times en 2016, que reportó desgarradoras escenas de sangre en distintos lugares. Muertos en avenidas y en las calles que se debían a las políticas de Duterte, quien dijo en octubre de ese año que podrían haber "20.000 o 30.000" muertes más. Actualmente las cifras son alarmantes: según estudios, ocurre un promedio de 27 ejecuciones extrajudiciales al día.
Para el documento de AI, se entrevistaron a 58 personas, que relataron casos de ejecuciones extrajudiciales y crímenes de lesa humanidad, como el deceso de Jovan Magtanong, quien fue abatido por la policía en noviembre de 2018, en medio de una operación de una presunta compra de drogas. Sus familiares reclaman que él no poseía armas ni consumía tal tipo de sustancias, además, testigos señalan que hubo una redada que culminó con un disparo de las fuerzas de seguridad en la cabeza de Magtanong.
Por otro lado, en el último informe de Human Rights Watch (HRW) se menciona que es complicado "acertar con el número exacto de fatalidades, ya que el Gobierno ha fallado en entregar documentos oficiales". Asimismo, denuncian que se han emitido estadísticas contradictorias y que los "pistoleros enmascarados" serían cercanos a la policía.
Aumento del miedo
Imagen del velorio de una niña muerta en medio de un operativo antidrogas.
La existencia de listas fabricadas con nombres de sospechosos que estarían siendo investigados por sus vínculos con las drogas, es una de las grandes preocupaciones de las personas, quienes ven en éstas un peligro en su día a día. Organismos internacionales denuncian que no son pocos los que reciben "arrestos injustos", "asaltos" e incluso la "muerte", por estar en este punto de mira.
"Es muy difícil no tener miedo porque no sabemos si nuestros nombres fueron removidos de la lista maestra. Es difícil para mí, moverme alrededor (con libertad)", dijo uno de los entrevistados que confesó haber consumido drogas en el pasado y que cumplió con un programa de rehabilitación.
Además, la sensación de miedo va más allá de quienes han consumido alguna de estas sustancias. Desde que comenzó todo este operativo antidrogas, el temor de la ciudadanía ha acrecentado. Según el representante de AI en Filipinas, Butch Olano, el 78% de las personas confesaron que temían convertirse en una futura víctima. A esto, se suma que el 67% cree que la policía tiene relación con los sucesos, lo que deja de manifiesto la desconfianza hacia este grupo.
Pequeños y jóvenes también han sido afectados por las determinaciones de Duterte. Una niña de tres años murió en un operativo dirigido hacia su padre, un hecho que conmocionó al país, pero que no fue considerado como algo grave por el oficialismo. De hecho, un senador calificó el deceso de la menor como un "daño colateral" en esta lucha contra las drogas.
Las víctimas de esta guerra son miles y no se espera que estas cifras bajen. Los llamados "escuadrones de la muerte" siguen con sus objetivos y apuntan, incluso, hacia los sacerdotes -que calificaron los hechos en 2017 como el "reino del terror"- si es que es necesario. El número de casquillos de balas en las calles de Filipinas reflejan el cumplimiento de la gran promesa de campaña de Duterte, que está lejos de ser aplaudida por el mundo.
