Una familia guatemalteca será la primera que podrá tramitar en Estados Unidos el asilo sin hacerlo desde México como lo dicta una nueva política del presidente Donald Trump de enero pasado, al poder demostrar el "miedo creíble" y gracias al fallo de un juez que permite la ayuda de abogados.
Se trata de "una victoria para los derechos de los inmigrantes", manifestó este viernes a Efe la Unión Americana de Libertades (ACLU).
Según ACLU, el
Protocolo de Protección a Migrantes (MPP), creado por la Administración Trump para que los solicitantes de asilo lleven su proceso desde México, ha enviado desde enero pasado
a más de 50.000 personas al otro lado de la frontera a aguardar las resoluciones a sus peticiones.
"La familia pudo comunicar al Gobierno federal sus experiencias traumáticas y sus temores constantes de persecución mientras estaba en México y ahora se les permitirá esperar sus audiencias de asilo en los Estados Unidos", manifestó a Efe el abogado Michael Hopkins, directivo de ACLU.
El éxito parcial de este proceso, según Hopkins, obedece al fallo reciente del juez federal Dana Sabraw que otorgó a la familia el derecho de entrevistarse con sus abogados antes de tener que cruzar la frontera y tener que aguardar indefinidamente después de haber sufrido vejaciones y asaltos en México.
El abogado dijo que este caso demuestra
la importancia de la demanda colectiva que ACLU interpuso para que los solicitantes de asilo puedan acceder a su representación legal mientras están bajo la custodia de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
La representación de abogados "es fundamental" para el futuro de esta familia, y es un derecho al debido proceso que debe proporcionarse a todos los inmigrantes, incluso a aquellos incluidos en MPP, que busca desalentar la llegada de migrantes.
"Sin acceso a un abogado, nuestros clientes y sus hijos habrían enfrentado un mayor riesgo de ser devueltos a un país donde sus vidas se verían amenazadas", manifestó Monika Langarica, directora de Derechos de los Inmigrantes de ACLU en la frontera de California.
La familia guatemalteca, los padres y cinco hijos, todos menores de edad, huyeron de su país después de que la mayor de los hijos, de 17 años, fue violada y amenazada de muerte si denunciaba el crimen.
Al cruzar México, la familia fue asaltada reiteradamente y obligada por hombres "uniformados" a desnudarse.
La ACLU, Servicios Familiares Judíos y el Centro Legal para la Defensa de los Migrantes presentaron una demanda colectiva contra la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para exigir que los inmigrantes contaran con abogados antes de que les regresaran a México.
El fallo reciente de un tribunal a favor de esas organizaciones permitió que los abogados estuvieran con la familia para expresar sus temores a la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) en un tipo de revisión conocido como "entrevista sin devolución (a México)".
Dicha cita se llevó a cabo la noche del jueves.
