La rebaja inmediata de la dieta parlamentaria en un 50% que fue aprobada por la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados en Chile, como medida para enfrentar la crisis social que se vive en el país hace cinco semanas, no es una situación que solo se haya vivido en este lado del planeta. En México, hace exactamente un año atrás, el recién asumido Presidente, Andrés Manuel López Obrador (Morena), aplicó la misma disposición como parte de su programa de austeridad.
La medida, que fue votada el miércoles de esta semana de forma unánime en Chile, ha generado grandes críticas desde diferentes sectores, como asesores políticos y el Poder Judicial, que han señalado que esto puede repercutir en despidos, rebajas "injustas" para los sueldos menores o también podría significar una fuga de trabajadores al sector privado.
Situación mexicana
En la campaña de AMLO a la presidencia de México en 2018, una de sus banderas de lucha para la captura de electores fue imponer la austeridad y terminar con la corrupción.
La austeridad fue una marca política de López Obrador que se tradujo desde vender el avión presidencial para viajar en vuelos comerciales a la propuesta de rebajar su sueldo un 40%.
Tras ganar las elecciones presidenciales y pocos días antes de que asumiera el poder, el 1 de diciembre de 2018, la Cámara de Diputados aprobó, con 246 votos a favor versus 111 en contra, la rebaja de los salarios -uno de los dos ejes de campaña de AMLO como parte de un riguroso programa de austeridad- y estableció así un recorte de un 40% en el sueldo del Mandatario y una rebaja del 50% en la dieta de los funcionarios públicos.
Este cambio significó que unos 35.833 funcionarios, legisladores y jueces vieran reducidos sus sueldos y que ningún funcionario público ganara más de 108 mil pesos mexicanos ($4.500.000 chilenos) durante el actual Gobierno, ya que se puso como máximo salario la remuneración del Presidente de la República, que pasó de percibir de 270 mil pesos mexicanos ($11.110.000) a 108 mil ($4.500.000).
De acuerdo a información recolectada por el medio local El Sol de México, luego de un análisis de los puestos de los tres poderes del Estado de México, 22.564 funcionarios de la administración pública en ese momento – diciembre de 2019- percibían un salario mensual de más de 108 mil pesos mexicanos; mientras que 11.722 personas estaban en la misma situación en el Poder Judicial, 977 en los órganos autónomos, y 570 en el Poder Legislativo.
Este recorte de las dietas del Jefe de Estado, gobernadores, senadores, diputados y funcionarios públicos se traduciría, entonces, en un ahorro de unos 37 mil 582 millones de pesos mexicanos (un billón y medio de pesos chilenos) anuales para el Estado, reportó El Universal.
Críticas a la medida
Al igual que en el caso de Chile, los días que prosiguieron a la votación provocaron una onda expansiva de descontento e incertidumbre en las instituciones públicas mexicanas.
Una de las primeras reacciones masivas en contra de la reforma se dio en los más de tres mil funcionarios que el lunes 4 de diciembre de 2018 interpusieron recursos de amparo contra la nueva normativa, expuso el diario El Comercio de México. Entre los denunciantes hubo jueces, magistrados, secretarios, asesores y oficiales.
Asimismo, un par de meses antes –cuando se anunció la propuesta- trabajadores públicos renunciaron a sus puestos solicitando sus jubilaciones de forma anticipada o pidiendo ser despedidos. Según cifras oficiales, los dos primeros meses después del anuncio de la reforma emigraron 2.041 trabajadores, muchos de los cuales eran choferes, secretarias y asistentes de los parlamentarios, trabajadores no sindicalizados de Banobras –banco público-, trabajadores de la bolsa y de los fondos de pensiones mexicanos, detalló el diario el País de España.
"Se bajan los sueldos de los de arriba para aumentar los sueldos de los de abajo. Es justicia laboral"
Andrés Manuel López Obrados, Presidente de México
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Tras esta "oleada" de reacciones, el Mandatario mexicano salió al paso y defendió que se bajaran "los sueldos de los de arriba para aumentar los sueldos de los de abajo. Es justicia laboral".
"Si esto no les parece justo a los funcionarios públicos, tienen su derecho a manifestarse, como lo están haciendo, y la autoridad competente resolverá", sentenció el Jefe de Estado en esos momentos para enfrentar las críticas.
