El ex presidente boliviano Jorge "Tuto" Quiroga fue designado este lunes como "delegado especial" del Gobierno interino de Bolivia para denunciar ante la comunidad internacional violaciones de derechos humanos en el país.
La designación fue anunciada por la Presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, acompañada por el ex presidente Quiroga (2001-2002) tras mantener ambos una reunión en el palacio de Gobierno en La Paz.
"La misión especial" para la que está designado es "explicar la violación de los derechos humanos que los bolivianos hemos vivido recientemente", declaró la presidenta en su discurso.
Áñez manifestó que "un puñado de vándalos" intentó en las pasadas semanas en Bolivia tomar "de rehenes a los once millones de bolivianos".
"Han intentado cercar las ciudades para que no ingresen alimentos, ni combustibles, han incendiado casas, golpeado a los ciudadanos y amedrentado a quienes pensamos diferente al Gobierno dictatorial del MAS -Movimiento al Socialismo- y
todo esto fue liderado por Evo Morales", aseveró.
El Gobierno transitorio de Bolivia tiene presentada ante la Fiscalía una denuncia por delitos como terrorismo contra Morales, asilado en México, al considerar que instigó esos actos violentos.
"La comunidad internacional debe saber la realidad de la barbarie que quisieron provocar estos grupos de activistas violentos", aseveró la presidenta provisional.
Bolivia vivió una profunda crisis a raíz de las fallidas elecciones del pasado 20 de octubre, que deja al menos 34 fallecidos y 832 heridos, según datos de la Defensoría del Pueblo.
Las elecciones, ahora anuladas, dieron como ganador a Morales para un cuarto mandato consecutivo entre denuncias de fraude.
El 10 de noviembre la Organización de Estados Americanos advirtió en un informe preliminar de "graves irregularidades" en esos comicios y ese mismo día Morales anunció su renuncia a la Presidencia tras casi catorce años en el poder, forzado por las Fuerzas Armadas.
Al día siguiente, Morales viajó hacia México en calidad de asilado. La renuncia de Morales ha sido calificada como "golpe de Estado" por varios Gobiernos y políticos latinoamericanos.
Otros países han reconocido al Ejecutivo interino, mientras que parte de la comunidad internacional ha instado al diálogo sin pronunciarse sobre la crisis política.
