La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó que una investigación internacional debe esclarecer la violencia en Bolivia tras las fallidas elecciones de octubre, incluidas las "masacres" de civiles.
Un extenso informe difundido este miércoles por esta comisión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) califica de "masacres" las muertes de civiles en dos ciudades bolivianas, entre otras posibles violaciones de derechos humanos como "ejecuciones extrajudiciales".
El documento es resultado de una visita de observación de la CIDH por "invitación del Estado" boliviano entre los pasados 22 y 25 de noviembre a cuatro ciudades de Bolivia, entre ellas Sacaba y El Alto. La comisión constata que desde los comicios del pasado 20 de octubre, que fueron luego anulados, murieron 36 personas por la violencia en el país, al menos 18 de ellas en esas dos ciudades.
El estudio advierte que en ambas ciudades fuerzas conjuntas policiales y militares "habrían abierto fuego contra la población civil".
La comisión recoge que la versión oficial niega que fueran las fuerzas del orden las que dispararan, mientras que las víctimas denuncian "represión con armas de fuego". "Estos hechos pueden caracterizarse como masacres dado el número de personas que perdieron la vida en un mismo modo, tiempo y lugar, y a que se cometieron en contra de un grupo específico de personas", detalle el informe.
Además, "los patrones de las lesiones que se han registrado ofrecen serios indicios de prácticas de ejecución extrajudicial", añade.
Investigación internacional
La CIDH fue informada también de otras muertes, incluyendo agentes de la fuerza pública, en sucesos violentos en el país.
"Se trata de hechos de violencia extremadamente graves, con aparente participación tanto de la fuerza pública como de distintos sectores sociales", subraya.
El análisis apunta a que "no es claro que la institucionalidad nacional esté en condiciones o en capacidad de cumplir con la obligación estatal internacional de investigación, juzgamiento y sanción de los responsables".
Por ello, la CIDH considera que "se trata de una situación típica en la que se plantea al Estado la necesidad de permitir la instauración de una investigación internacional independiente e imparcial sobre estos hechos".
Distintas violaciones de derechos
El informe alerta además de casos de "incitación a la violencia y a la discriminación étnica y racial", indicando que "tanto los oficialistas como la oposición se han acusado recíprocamente de instigar a las masas al uso de la violencia".
Algunos de los casos que concreta son ataques a mujeres de pollera, una vestimenta tradicional, y a la whipala, bandera de comunidades indígenas.
La comisión también señala "el recurso simultáneo, desde el Estado, a la persecución penal de los opositores políticos, a quienes se señala de cometer los delitos de sedición, terrorismo".
Conclusiones
La CIDH emite una serie de conclusiones, además de la investigación internacional ya descrita. Así, propone "suspender el despliegue masivo de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía", para "restablecerlos a sus posiciones normales en tiempos de paz".
"Desmantelar los grupos armados particulares que han ejercido la violencia contra la población civil en todo el país, del bando que sean", es otra de las recomendaciones.
La comisión rechaza además cualquier "amnistía" a quienes se considere responsables de estos hechos violentos.
