El lunes 9 de agosto por la mañana un grupo de agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, policía federal), que el hijo de Trump Eric cifró en alrededor de 30, llegó a Mar-a-Lago.
Trump se encontraba en Nueva Jersey en ese momento. No fue un allanamiento por la fuerza, ya que los agentes del FBI avisaron al Servicio Secreto, que protege al expresidente, antes de su llegada, según informó la cadena NBC.
Una vez dentro registraron la residencia durante horas, e incluso abrieron una caja fuerte.
El medio digital Politico, citando a una fuente familiarizada con los hechos, dijo que los agentes se llevaron "expedientes en papel".
"Nada así le había sucedido antes a un presidente de Estados Unidos", dijo Trump en un comunicado, calificando el allanamiento como "no necesario ni apropiado".
El Departamento de Justicia y el FBI no se han pronunciado sobre la investigación.
Según expertos, allanar una residencia de Trump, quien podría volver a postularse a la Casa Blanca en 2024, es algo tan políticamente sensible que tuvo que ser aprobado por el fiscal general Merrick Garland y el director del FBI, Christopher Wray.
Para hacerlo, el FBI debe haber necesitado una orden judicial, lo que requeriría la revisión de un juez de su justificación para entrar en la casa de un expresidente. Pero la orden, que podría revelar la naturaleza de la investigación, permanece en secreto.
Seamus Hughes, subdirector del Programa sobre Extremismo de la Universidad George Washington y experto en documentos judiciales, dijo que el fiscal federal en el sur de Florida por práctica mantiene selladas las órdenes de allanamiento.
"Cada distrito judicial puede establecer sus propias reglas locales para el acceso público a los documentos", explicó.
Eric Trump le dijo a Fox News que el allanamiento estaba relacionado con acusaciones sobre una gran cantidad de documentos que el presidente se llevó cuando salió de la Casa Blanca en enero de 2021.
A principios de este año, el exmandatario se vio obligado a entregar 15 cajas de esos documentos a los Archivos Nacionales, la institución que controla los registros presidenciales.
Posteriormente, los Archivos informaron al Departamento de Justicia que las cajas incluían algunos documentos altamente clasificados.
El allanamiento del lunes sugirió que había más registros de este tipo en Mar-a-Lago.
"El propósito del allanamiento, por lo que dijeron, fue porque los Archivos Nacionales querían corroborar si Donald Trump tenía o no algún documento en su poder", señaló Eric Trump.
La Ley de Registros Presidenciales establece que todos los documentos relacionados con asuntos oficiales deben entregarse a los Archivos Nacionales.
Pero violar esta ley trae pocas consecuencias.
Por otro lado, la legislación estadounidense prohíbe estrictamente que se retengan documentos clasificados, lo cual conlleva severas penas de prisión.
Una indicación de que la investigación podría involucrar materiales clasificados fue una visita a Mar-a-Lago en junio por parte del jefe de la Sección de Control de Exportaciones y Contrainteligencia del Departamento de Justicia, según CNN.
Esa sección supervisa los casos que afectan la seguridad nacional, como el espionaje y el sabotaje, así como los casos que involucran a estadounidenses que presionan a gobiernos extranjeros.
El allanamiento no significa necesariamente que Trump esté bajo investigación por un delito.
Los documentos buscados podrían ser necesarios en otras investigaciones que atañen a miembros de su administración, incluso para la investigación del ataque al Congreso del 6 de enero de 2021 por parte de cientos de partidarios de Trump.
Pero la naturaleza del allanamiento, dicen los analistas, sugiere algo mucho más importante.
Andrew McCabe, exdirector adjunto del FBI, le dijo a CNN que le parecía "realmente inimaginable" que se tratara simplemente de recuperar documentos de los Archivos Nacionales. "Deben tener mucho más que eso", dijo.