Los países de todo el mundo ya sienten los efectos del cambio climático, desde un clima más extremo a veranos más calurosos y niveles del mar más altos. Los países pobres que menos han contribuido al problema de las emisiones de gases de efecto invernadero están entre los más afectados. De modo que cuando la idea de un fondo de “pérdidas y daños” entró por primera vez en la agenda, fue recibida con entusiasmo.
Hacía mucho que los países industrializados se resistían a crear un fondo de esa clase, por temor a verse forzados a pagar miles de millones de dólares por las décadas en las que liberaron dióxido de carbono en la atmósfera. Una oferta inesperada de la Unión Europea el jueves puso el proceso en marcha y se cerró un acuerdo en 48 horas. Aún hay que concretar los detalles, pero los países más vulnerables pueden contar con recibir dinero para lidiar con catástrofes climáticas en el futuro.
Los países donantes han reclamado que el dinero enviado a países pobres esté alineado con los objetivos del Acuerdo de París.
Algunos países en desarrollo se han resistido a ello por temor a que se distraiga de las negociaciones sobre el dinero prometido -pero no entregado- por los países ricos para ayudarles a adaptarse al cambio climático y reducir sus emisiones. Los negociadores en Sharm el Sheij no pudieron llegar a un acuerdo sobre el tema, que se planteará de nuevo en Dubai el año que viene.
Los científicos advierten que se están agotando las posibilidades de limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius, como se estableció en el Acuerdo de París de 2015. En lugar de reducirse, las emisiones de gases de efecto invernadero siguen creciendo.
Pero hay algunos progresos. Antes de París, el mundo se dirigía a un calentamiento de 4,5 grados Celsius para finales de siglo, en comparación con la era preindustrial. Las estimaciones recientes han reducido ese incremento a unos 2,6 grados Celsius gracias a medidas tomadas o compromisos firmes ya hechos por los gobiernos.
Los activistas confiaban en que los reunidos en Egipto instaran a los países a fijar objetivos más ambiciosos. Se llevaron una decepción.
Los negociadores acordaron confirmar los compromisos de la cumbre del año pasado en Glasgow, Escocia, pero poco más. No hubo una petición de que grandes contaminantes del mundo en desarrollo, como China e India, acelerasen su reducción de emisiones.
Las conversaciones del año pasado terminaron con un acuerdo de “abandono gradual” del carbón. Era la primera vez que un combustible fósil en particular era señalado, culpado y puesto en vía de retirada a nivel internacional. India, descontenta con la decisión, hizo una inesperada petición este año en favor de añadir también el abandono gradual del gas y el petróleo, aunque la propuesta no se aprobó.
En los últimos meses se han alcanzado algunos acuerdos entre países ricos y en desarrollo para acelerar la transición hacia una energía más limpia, como un acuerdo de 20.000 millones de dólares con Indonesia. Pero los ambientalistas se sintieron decepcionados porque una resolución de la conferencia sobre la transición a la energía limpia incluyera energías de “bajas emisiones”, lo que según algunos incluye el gas natural, un combustible fósil.
En Glasgow también se formó una nueva alianza de países, incluido Estados Unidos, que prometieron reducir en un tercio la cantidad de metano -un potente gas de efecto invernadero- liberado en la atmósfera para 2030.
La lista de países que apoyó el compromiso creció este año a unos 150. Incluso China dijo que trabajaría para reducir las emisiones de metano.
Las cuestiones de derechos humanos ocuparon un lugar relevante en la COP27 debido al historial de represión en Egipto y al caso del destacado activista encarcelado Alaa Abdel-Fattah. Varios líderes extranjeros le mencionaron en sus reuniones con autoridades egipcias, aunque el activista sigue en prisión. Su familia dijo que estaba “muy delgado” tras poner fin a una huelga de hambre que provocó preocupaciones generalizadas sobre su salud.
Las ya antiguas negociaciones sobre las normas del mercado de emisiones no hicieron muchos progresos.
Activistas del clima denunciaron que las lagunas en un regulación ya débil del mercado de créditos de emisiones podrían permitir a los contaminantes seguir liberando dióxido de carbono en la atmósfera mientras afirman que cumplen los objetivos internacionales, simplemente pagando a otros para que compensen sus emisiones.
Los expertos afirman que las normas actuales socavan la transparencia y critican que unos términos importantes sobre proteger los derechos humanos se hayan suavizado, lo que provocó temor a que pueblos indígenas en particular pudieran sufrir como resultado de los mercados del dióxido de carbono, por ejemplo si se ven obligados a dejar sus tierras ancestrales para dejar espacio a proyectos forestales empleados para vender compensaciones de emisiones.