Un juez peruano ordenó este jueves que el depuesto presidente Pedro Castillo permanezca en prisión preventiva durante 18 meses, como lo había solicitado la fiscalía.
La decisión del juez se anunció un día después de que el gobierno declarara un estado de emergencia para tratar de calmar las violentas protestas que se viven en el país.
Las protestas estallaron luego de que Castillo fuera destituido por los legisladores la semana pasada, tras su intento de disolver el Congreso antes de un voto de revocación.
El juez Juan Carlos Checkley emitió el fallo días después de que el Congreso despojara a Castillo del privilegio que impide que los presidentes de Perú enfrenten cargos penales.
Castillo y su equipo legal se negaron a participar en la audiencia virtual del jueves, argumentando que carecía de las más "mínimas garantías". Estuvo representado por un abogado de oficio.
"Dictar prisión preventiva por el plazo de 18 meses contra el imputado Pedro Castillo (...) quien se encuentra con mandato de detención preliminar que se computa desde el 7 de diciembre de 2022 hasta el 6 de junio de 2024", leyó Checkley tras una exposición legal que se prolongó durante más de dos horas.
De este modo, aceptó la petición realizada por la Fiscalía que había considerado que "existe periodo procesal de fuga" y en la que tuvo un peso específico que, minutos antes de su destitución, hubiera intentado acudir a la Embajada de México en Lima para pedir asilo.
En el requerimiento fiscal se ha incluido al ex primer ministro y asesor jurídico de Castillo Aníbal Torres, y se presentó luego de que el Poder Judicial autorizó el pedido del Ministerio Público para iniciar la investigación preparatoria a Castillo.
Sin embargo, el juez no aceptó esa solicitud y, en cambio, impuso una "medida de comparecencia con restricciones".
Castillo será investigado como presunto coautor de los delitos de rebelión y conspiración, así como presunto autor de los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
La investigación ha sido calificada de "compleja" por el Ministerio Público y tendrá una duración de ocho meses.
Castillo fue detenido el pasado 7 de diciembre tras ser destituido por el Congreso poco después de que anunciara el cierre del Congreso, la conformación de un ejecutivo de emergencia, que iba a gobernar por decreto y a reorganizar el sistema de justicia, lo que ha sido calificado mayoritariamente como un intento de golpe de Estado.
