Un total de 72 ex diputados de los 112 que respaldaron la proclamación de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela en 2019 votaron este jueves, durante una reunión virtual, a favor de la eliminación del llamado "Gobierno interino" encabezado por el ex parlamentario, una decisión que deberá ser ratificada en otra sesión para concretarse.
Unos 104 parlamentarios electos en 2015, cuyo período venció en enero de 2021, se reunieron para decidir en torno a la eliminación de la "Presidencia interina" o su continuidad por un año más, y acordaron llevar a segunda discusión -el próximo 29 de diciembre- el proyecto presentado este miércoles que plantea acabar con el interinato.
El planteamiento de Guaidó, quien defendió la utilidad y el trabajo del "Gobierno interino", fue respaldado por 23 ex diputados que se pronunciaron en rechazo a la eliminación de esta figura y tildaron la intención de la mayoría antichavista como un
"golpe parlamentario".
Por su parte, los miembros de los cuatro partidos políticos que votaron contra Guaidó esperan alcanzar un consenso en la segunda discusión de este proyecto y que "la unidad no se fragmente" a partir de esta decisión.
Nueve opositores, algunos independientes y otros de los partidos Encuentro Ciudadano, Proyecto Venezuela y Nuvipa, se abstuvieron en la votación y propusieron declararse en "sesión permanente" hasta producir "un acuerdo conjunto", pero la idea no fue validada por el grueso de los ex parlamentarios.
Antes de la votación,
Guaidó aseguró que el interinato es "una herramienta" que los opositores han defendido "a riesgo" de sus propias vidas y su libertad, y que sigue siendo "la estrategia política" para lograr unas elecciones libres y el no reconocimiento a Nicolás Maduro como presidente.
El llamado Gobierno interino, sin poder real dentro de Venezuela, cuenta con el reconocimiento de Estados Unidos y un pequeño grupo de países, lo que le ha permitido controlar algunos recursos públicos en el exterior.
Para continuar con esa política, los ex diputados insurrectos proponen, además de suprimir la presidencia encargada, mantener las juntas ad hoc que manejan temas de la estatal petrolera Pdvsa y el Banco Central en el extranjero.
