Un tribunal militar de Myanmar condenó el viernes a
Aung San Suu Kyi a otros siete años de cárcel por corrupción, elevando hasta
33 años la pena final del proceso contra la líder civil derrocada, indicó una fuente judicial.
La célebre opositora al poder militar, de 77 años aunque en "buen estado de salud" según esta fuente,
puede terminar en prisión una vida marcada por su combate por la democracia.
La ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1991
se encuentra detenida desde el golpe militar del 1 de febrero de 2021, que puso fin a un breve periodo democrático en este turbulento país del Sudeste Asiático.
Un tribunal en la capital Naipyidó, ubicado en el centro penitenciario donde se encuentra la dirigente aislada,
la declaró este viernes culpable de los últimos cinco casos de corrupción que había pendientes contra ella.
Uno de ellos corresponde a la compra y mantenimiento de un helicóptero que causó "una pérdida al Estado", indicó la fuente judicial.
"Todos sus casos terminaron y no hay más cargos contra ella", explicó esta fuente, que pidió anonimato porque no está autorizada a hablar con los medios.
La líder civil apelará la condena, agregó.
Resolución de la ONU
Corrupción, fraude electoral, violación de secretos de Estado, restricciones anticovid... Desde el inicio del procedimiento judicial en junio de 2021, Aung San Suu Kyi ha recibido múltiples condenas.
El fin de este juicio de 18 meses, calificado de simulacro por parte de grupos de derechos humanos, abre un nuevo periodo de incertidumbre en Myanmar, con la promesa de la junta de elecciones en 2023.
Las últimas dos elecciones legislativas del país en 2015 y 2020 habían sido ganadas por la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido fundado por Aung San Suu Kyi a finales de los años 1980.
El Ejército, que había impuesto su poder durante décadas, justificó el golpe de Estado por un presunto fraude electoral, aunque los observadores internacionales dijeron que el proceso fue limpio.
El Consejo de Seguridad de la ONU pidió en diciembre la liberación inmediata de Suu Kyi, en su primera resolución desde hace décadas sobre Myanmar.
Este llamado fue posible gracias a la abstención de China y de Rusia, respaldos habituales de Naipyidó, que renunciaron a su derecho a veto.
La junta acusó a la ONU de querer "desestabilizar" el país.
Desde el golpe, la dirigente civil solo pudo ser vista en un puñado de fotos granuladas tomadas por los medios estatales en una sala de audiencias vacía.
¿Qué hacer con Suu Kyi?
Las acusaciones de corrupción son "ridículas", dijo Htwe Htwe Thein, profesor asociado de la Universidad Curtin en Australia.
"Nada en el liderazgo, el gobierno o el estilo de vida de Aung San Suu Kyi sugiere el mínimo ápice de corrupción", agregó.
Para Richard Horsey, del gabinete International Crisis Group, "la cuestión será qué hacer ahora con Aung San Suu Kyi (...) Si dejarle cumplir su sentencia en algún tipo de arresto domiciliario o permitir el acceso limitado a ella de enviados extranjeros".
Todavía muy popular en Myanmar, la imagen internacional de Suu Kyi quedó manchada por su incapacidad de defender a la minoría musulmana de los rohinyás, víctimas de abusos del ejército entre 2016 y 2017, calificados por Estados Unidos de genocidio.
Desde el golpe de Estado, Myanmar se hundió en el caos, con enfrentamientos cotidianos entre el ejército y milicias que se acusan mutuamente de matar a cientos de civiles.
Una ONG local cifra en más de 2.600 personas las víctimas mortales de la represión militar. Varios grupos de defensa de los derechos humanos acusaron al ejército de bombardear sobre zonas civiles, lo que constituye un crimen de guerra.
El ejército contabilizó de su lado 4.000 civiles muertos.
El jefe de la junta Min Aung Hlaing dijo que el régimen prevé organizar elecciones en 2023, cuando el país esté "en paz y estable".
