México adoptó este miércoles la elección popular de todos sus jueces, un caso único en el mundo, tras ser aprobada una reforma del presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador que según sus detractores fulmina la independencia judicial.
Tras una jornada caótica que incluyó la invasión del Senado por parte de funcionarios judiciales en huelga y estudiantes, la cámara avaló la enmienda constitucional con 86 votos a favor y 41 en contra.
"Queda aprobado en lo general" el proyecto que reforma el poder judicial, señaló el presidente del Senado,
Gerardo Fernández Noroña, quien ante el acoso de los manifestantes se vio obligado a trasladar la sesión a la antigua sede de la cámara.
López Obrador planteó la reforma en el marco de un enfrentamiento con la Suprema Corte, que le ha bloqueado iniciativas que ampliaban la participación del Estado en el sector energético y dejaban la seguridad ciudadana en manos de los militares.
El Mandatario, que entregará el poder a su copartidaria Claudia Sheinbaum el 1 de octubre y tiene una popularidad del 70%, acusa al máximo tribunal y a algunos jueces de estar al servicio de las élites, de la corrupción de cuello blanco y del crimen organizado.
Pero sus adversarios denuncian que en realidad pretende eliminar la independencia judicial para instaurar un régimen autoritario y perpetuar a su partido en el poder.
La enmienda también es criticada por Estados Unidos y Canadá, que aseguran que dañará el acuerdo comercial T-MEC, cuando México se consolida como principal socio comercial de su vecino del norte.
Washington advierte además que el voto directo dejaría a los jueces a merced de los cárteles del narcotráfico, que ya inciden en las campañas políticas.
Tras la aprobación de la iniciativa, los actuales ministros de la Suprema Corte, jueces y magistrados (unos 1.600) podrían postularse en elecciones en 2025 y 2027. De no hacerlo, permanecerían en sus cargos hasta que asuman los elegidos.
Caso único
La reforma es criticada además por expertos de Naciones Unidas y organizaciones como Human Rights Watch.
Coloca a México "en una posición única en términos del método de elección de jueces", señaló el martes Margaret Satterthwaite, relatora de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados.
El otro caso similar en América Latina es el de
Bolivia, donde los magistrados de las altas cortes son elegidos por voto popular, mientras los jueces ordinarios son designados por un consejo de la judicatura.
Pero la independencia de los magistrados de elección ha quedado en entredicho en medio de la disputa entre el presidente Luis Arce y su mentor y exmandatario socialista Evo Morales (2006-2019).
"Lo que más les preocupa a los que están en contra de esta reforma es que van a perder sus privilegios, porque el poder judicial está al servicio de potentados (...), de la delincuencia de cuello blanco", expresó el martes López Obrador.
En vísperas del debate, la presidenta de la Suprema Corte,
Norma Piña, equiparó la enmienda con un intento de
"demolición del Poder Judicial".
Luego de la aprobación en la Cámara de Diputados y el Senado, la reforma debe ser avalada por 17 de 32 congresos estatales, lo que se da por descontado considerando el amplio dominio de la izquierda. Luego será promulgada por la presidencia.
"Dictadura"
El oficialismo logró el único apoyo que le faltaba gracias al senador Miguel Ángel Yunes, del partido conservador PAN, quien se reportó enfermo y luego se presentó para la votación. "Traidor", le gritaron sus copartidarios.
Las formaciones opositoras, que habían prometido votar en bloque, denunciaron presiones desde el oficialismo e incluso la ausencia sospechosa de un senador de centro.
El líder del Senado aseguró a su vez que la invasión fue un "intento de golpe" contra el Legislativo y culpó a la oposición de facilitar el ingreso de los manifestantes.
Estos se movilizaron luego hacia los alrededores de la sede alterna, donde siguieron coreando frases como "¡señor senador, detén al dictador!", en referencia a López Obrador, autor del proyecto. También protagonizaron refriegas con la policía.
Para el abogado José Cordero, quien llegó a manifestarse a la capital desde Veracruz, con la reforma se está "instaurando una dictadura". "Los litigantes dependemos de un sistema de justicia autónomo", declaró a la AFP el jurista de 40 años.
Entre los cambios que trae la reforma, la figura de los "jueces sin rostro" para enfrentar al crimen organizado preocupa a Ana Paola Morales, estudiante de relaciones internacionales de 23 años, pues viola el "derecho de saber quién te está juzgando (y) por qué cargos".
López Obrador insiste en que el voto acercará la justicia a la gente en este país donde diariamente se registran unos 80 homicidios y la impunidad supera el 90%, según oenegés.
