Estados Unidos sumó este jueves a su larga lista de sancionados en Venezuela a 16 funcionarios, incluida la presidenta de la Corte Suprema, por el "fraude electoral" del 28 de julio, medida que fue rechazada en los "términos más enérgicos" por el régimen de Nicolás Maduro.
El gobierno del presidente Joe Biden interviene en respuesta al "fraude electoral" para que Maduro y sus representantes rindan cuentas "por obstruir" las elecciones presidenciales" y "abusar de los derechos humanos", informó el jefe de la diplomacia Antony Blinken.
"En lugar de respetar la voluntad del pueblo (...) se han atribuido falsamente la victoria mientras reprimían e intimidaban a la oposición democrática en un intento ilegítimo de aferrarse al poder por la fuerza", afirma en un comunicado.
Estados Unidos precisó que van más de 140 personas sancionadas y más de 100 entidades.
Entre los sancionados figuran directivos de la autoridad electoral como Rosalba Gil; la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Beatriz; y Edward Briceño, el fiscal que emitió la orden de captura contra el principal rival de Maduro en las elecciones Edmundo González Urrutia.
También destacan Domingo Antonio Hernández Lárez, el número tres de la fuerza armada, responsable de las operaciones militares, y Pedro José Infante Aparicio, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional.
Los 16 funcionarios "impidieron un proceso electoral transparente y la publicación de resultados electorales precisos", sostiene el gobierno de Biden, que reclama desde el 28 de julio el detalle de las actas.
"Venezuela rechaza, en los términos más enérgicos, el nuevo crimen de agresión cometido por el gobierno de los Estados Unidos de América en contra de Venezuela al imponer medidas coercitivas unilaterales", señaló la cancillería venezolana en un comunicado.
Las medidas se anunciaron "en un acto grosero que busca congraciarse con una clase política que ha echado mano a prácticas fascistas y violentas para derrocar, sin éxito, la democracia bolivariana", añadió el texto.
Las medidas implican la congelación de los activos que los sancionados posean directa o indirectamente en Estados Unidos, así como la prohibición de que cualquier persona o empresa estadounidense haga negocios con ellos.
Paralelamente el Departamento de Estado "toma medidas para imponer nuevas restricciones de visa".
Washington asegura que "las tácticas de intimidación" del gobierno venezolano, incluida la emisión de una orden de arresto contra el candidato presidencial "exitoso" Edmundo González Urrutia obligaron a éste a salir de Venezuela para pedir asilo en España.
Sector petrolero
Estados Unidos ya impuso en el pasado numerosas sanciones a funcionarios venezolanos, incluido el propio Maduro, acusado de narcotráfico por Washington.
En abril Washington reimpuso algunas sanciones sobre el sector petrolero y del gas, tras suspenderlas varios meses para recompensar a Maduro por sentar las bases de las elecciones.
No obstante, otorga licencias individuales para operar en Venezuela a varias petroleras, como la estadounidense Chevron o la española Repsol.
Algunas voces piden sanciones más drásticas contra el sector petrolero.
El presidente del comité judicial del Senado, el demócrata Dick Durbin, presentó esta semana un proyecto de ley para poner fin a "la fortaleza financiera de Maduro".
"El régimen de Maduro actualmente utiliza los ingresos petroleros que dependen de la participación de Estados Unidos para mantener su estado policial", afirma Durbin.
