SANTIAGO.- Sigue la polémica en torno a la propuesta planteada en el Parlamento que busca ampliar las facultades de las policías para efectuar controles de identidad, planteada por la diputada Claudia Nogueira (UDI) en el marco de un proyecto destinado a conseguir la aplicación de penas efectivas en los delitos de robo, hurto y receptación.
La iniciativa, que permite a Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) revisar de manera preventiva la identidad de cualquier persona, fue considerada inconveniente por el senador Carlos Montes (PS).
"Creo que está en la línea de la antigua detención por sospecha. No está en la línea de ayudar a las policías a resolver las dificultades que tienen" en la persecución de delitos, señaló el parlamentario oficialista.
"Hay que ver alguna medida más seria que ésa", agregó. "Creo que cualquier proyecto al respecto tiene que partir por identificar los problemas reales que experimentan las policías en su labor".
"Abre márgenes de arbitrariedad"
En tanto, el profesor de Derecho Penal Gonzalo Medina, quien participó como invitado para informar ante la Comisión de Constitución del Senado sobre la propuesta, consideró que la iniciativa planteada en este sentido "afecta los derechos individuales sin justificación".
"Hoy, con la legislación vigente y las diversas modificaciones que ha sufrido la norma que habilita el control de identidad las policías cuentan con facultades más que suficientes para realizar las labores preventivas que se requieren", explicó el jurista.
Así, en la actualidad tanto Carabineros como la PDI pueden solicitar la individualización de cualquier persona que tenga indicios de haber participado en un hecho criminal, o que tenga antecedentes que aportar sobre un posible delito. Lo mismo ocurre en el caso de quienes actúan encapuchados en protestas, por ejemplo.
"En todos esos casos la policía puede solicitar el control de la identidad, hacer registro de vestimentas, equipajes y vehículos", precisó.
Según el académico de la Universidad de Chile, la modificación planteada "no es volver a la detención por sospecha, sino a algo mucho más arbitrario".
"El proyecto faculta a las policías para ejercer un control sin ningún fundamento, basándose en criterios tan vagos como los que se han propuesto: la proximidad a un edificio público o a una zona que podría estimarse en peligro", describió.
"Esa definición queda a criterio del mismo policía y sin ningún control posterior. Eso, lamentablemente, abre márgenes de arbitrariedad que no son tolerables en un Estado de Derecho", precisó.
En el combate a la delincuencia, señaló el académico, "no hay medidas inmediatas ni recetas mágicas. Las acciones para enfrentar este problema requiere trabajos que son más de largo plazo".
En torno a la denuncia planteada por Nogueira y el diputado Gonzalo Fuenzalida ante la Contraloría, con el fin de investigar supuestas irregularidades en la realización de una campaña en este ámbito organizada por la Defensoría, Medina consideró "plenamente satisfactorias" las explicaciones brindadas por el titular de dicho organismo, Andrés Mahnke, "en términos que aquí no ha habido un desvío de recursos públicos".
"Por otro lado", añadió, ello "forma parte del cumplimento de la misión institucional de la Defensoría, que está vinculada a la difusión y promoción de los derechos de las personas vinculados a la persecución penal", estimó.
En tanto, y tras defender en abril pasado la propuesta modificación, la diputada Nogueira ha insistido en que la iniciativa no implica reponer la detención por sospecha en el país. Al ,mismo tiempo, consideró que ampliar las capacidades de control de identidad constituye una medida preventiva adecuada dentro del objetivo de brindar herramientas a las policías para combatir de mejor manera la delincuencia.
