SANTIAGO.- Argumentos como "persecución política" y la "intención reiterada" de sancionar a Jovino Novoa marcaron los
alegatos que este lunes expuso ante el 8º Juzgado de Garantía de Santiago la defensa del ex legislador, en el marco de la audiencia de discusión de las medidas cautelares que deberá cumplir el ex senador, formalizado hace dos semanas por delitos tributarios indagados en la arista política del caso Penta.
Durante casi una hora de litigación, el abogado Francisco Cox enfatizó que su cliente ha sido tratado de manera desigual en comparación al resto de los imputados en el caso, enfatizando que al ex legislador se le ha visto como "un enemigo político".
Lo anterior, en alusión a las medidas precautorias pedidas para
Alberto Cardemil, quien horas antes fue imputado por delitos tributarios, apropiación indebida e infracción a la Ley de Donaciones, y para quien solo se solicitó firma quincenal y arraigo nacional.
En la instancia, Cox insistió en que en esta etapa procesal, no existen antecedentes que den cuenta respecto a delitos cometidos por parte de Novoa e incluso, lo único que es posible desprender es que existe "una obstinación en querer sancionarlo".
"Si nuestro representado se llamara Francisco Cox o Matías Balmaceda, le estarían pidiendo arresto domiciliario total", cuestionó luego el defensor, agregando que tampoco es razonable que se le decrete la misma cautelar que actualmente cumplen los dueños de Penta -Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín- a quienes se les persigue por fraude tributario, soborno y lavado de activos.
Por ello, reiteró que no se ha respetado el principio de igualdad respecto a Novoa, aseverando que "yo jamás votaría por él, no comparto sus ideas políticas, pero estoy acá para defender la igualdad ante la Ley".
En la misma línea, Cox cuestionó la labor del Servicio de Impuestos Internos (SII) -querellante en el caso-, asegurando que el órgano fiscalizador ha sido capaz de "torcer la ley" en esta persecución política contra su cliente, ya que incluso sólo presentó acciones en su contra dos días antes de la audiencia de comunicación de cargos.
La Fiscalía Nacional, por su parte, insistió en que la única medida cautelar acorde a la gravedad de los hechos imputados al ex parlamentario es el arresto domiciliario total, necesidad de cautela a la que también se sumó el SII y el abogado querellante que representa a la Fundación Ciudadano Inteligente, Mauricio Daza.
La resolución al respecto, en tanto, se conocerá a partir de las 16 horas de este lunes, luego que el juez de garantía, Juan Carlos Valdés, anunciará que se tomará 4 horas para resolver.
Delitos
El ex senador y ex presidente de la UDI es investigado por el envío de facturas desde la empresa de la que es socio, Inversiones y Mandatos S.A. a Banpenta II Ltda y Penta II Ltda.
De acuerdo a los antecedentes reunidos por el Ministerio Público, él solicitaba a terceros el envío de boletas al holding y a SQM para financiar campañas políticas.
Las imputaciones, en tanto, han sido negadas por el ex parlamentario, que se ha presentado dos veces ante los fiscales y en ninguna ha aceptado declarar, acogiéndose a su derecho a guardar silencio.
