SANTIAGO.- El presidente de la UDI, senador Hernán Larraín, reclamó este viernes contra el Servicio de Impuestos Internos (SII), la Fiscalía y los tribunales, a los que acusó de cometer "hechos anómalos" en la formalización de los militantes del partido involucrados en el caso Penta-SQM.
En una declaración pública suscrita por toda la directiva, el timonel gremialista insistió en las "diferencias muy marcadas" existentes "en la forma cómo se están llevando las investigaciones por malas prácticas en el financiamiento electoral".
En este sentido, el parlamentario justificó su denuncia: "El irrestricto respeto a nuestras autoridades en el desempeño de sus facultades y nuestra decisión de no interferir de modo alguno en el desarrollo de los procesos en investigación que deben proseguir, no pueden significar guardar silencio cuando somos testigos de hechos gravemente injustos y anómalos".
Larraín, de este modo, enumeró siete situaciones irregulares que se han dado durante las investigaciones judiciales que llevan adelante el SII, Fiscalía y tribunales respecto al financiamiento irregular de campañas políticas.
En esa línea, manifestó que tales indagatorias han seguido "un camino muy dispar", agregando que "mientras respecto de los personeros de la oposición, los procesos avanzan con mucha rapidez, la investigación de otros del oficialismo se posterga (caso Martelli) sin dificultades".
"Así, hoy sólo dirigentes de la UDI y de RN han sido formalizados y están con medidas cautelares, en tanto, los de las colectividades políticas de Gobierno escasamente han sido llamados a declarar", consignó.
De esta manera, Larraín enfatizó que "nuestra intención es una simple: a partir de hechos como los reseñados, queremos llamar la atención de lo que está ocurriendo al Servicio de Impuestos Internos, al Ministerio Público y a los Tribunales de Justicia, confiando en que sabrán revisar esta situación".
Una de las anomalías que acusó Larraín tienen que ver con las denuncias realizadas por el SII en el caso Penta-SQM, señalando que éstas se han utilizado de forma "arbitraria" y "se han reducido, hasta ahora, sólo respecto de algunas personas, mayoritariamente de nuestro sector político".
Además, el parlamentario aludió a las declaraciones emitidas por el Ministerio Público durante la pasada audiencia de revisión de medidas cautelares de Jovino Novoa, donde se indicó que no se conocía el destinos de los dineros recaudados por el ex senador, ante lo cual, según Larraín, sería una insinuación de que dichos montos fueron a parar "al bolsillo del acusado", declaración que, aseguró, sólo contribuye a "desprestigiar al afectado".
Finalmente, en relación a la justicia, la UDI lanzó sus dardos sobre el juez del Octavo Juzgado de Garantía, Juan Carlos Valdés, a quien acusaron de validar en su resolución un juicio político entregado por la Fiscalía respecto de acciones cometidas por Novoa cuando fue senador, lo que "rompe el orden constitucional y amenaza a los parlamentarios en el libre e inviolable ejercicio de sus derechos".
