SANTIAGO.- El fiscal regional de O'Higgins, Luis Toledo, está analizando el estudio "Capacidad vial de la modificación al Plan Regulador Intercomunal de Rancagua, sector cruce Nogales, Machalí", como parte de su investigación del caso Caval.
Toledo indaga el origen del informe de 77 páginas y cómo fue utilizado para beneficiar los tres terrenos de 44 hectáreas que posteriormente compró la sociedad de Natalia Compagnon y Mauricio Valero, según informó "
El Mercurio".
El persecutor ya determinó que fue Juan Díaz (ex UDI) quien encargó a la arquitecta Cynthia Ross -sobrina del dueño original de los predios, Patricio Wiesner- dicho estudio. Esto, antes de que ella ingresara a trabajar -recomendada por el mismo Díaz- en la dirección de Obras de la Municipalidad de Machalí, a cargo de Jorge Silva Menares.
Cynthia Ross y Silva Menares son investigados por recibir dineros como funcionarios públicos para acelerar el cambio del Plan Regulador Intercomunal (PRI), el que finalmente no se concretó.
Juan Díaz hacía tareas para el síndico de quiebras Herman Chadwick Larraín, de quien recibió $415 millones para agilizar el cambio del plano regulador.
Díaz le habría pagado a la arquitecta para realizar el estudio de capacidad vial que era clave para poder concretar el cambio al PRI, y ella a su vez lo encargó a una empresa. Luego, Ross le habría entregado el mismo estudio a la municipalidad.
La declaración que prestó Hugo Olate, jefe de desarrollo urbano de la Seremi de Vivienda de la VI Región, el 22 de abril, fue la primera alerta que tuvo el fiscal. Además de denunciar presiones de Ross y Silva Menares, dijo que ambos le facilitaron este estudio, autorizado por la Secretaría de Planificación de Transporte (Sectra), para "agilizar el trámite". Es algo que "no ocurre normalmente", dijo.
A su vez, la coordinadora del área Secretaría de Planificación de Transporte centro, Alicia Santana, indicó, el 14 de mayo, que estos informes son "esenciales" para la modificación de un PRI.
El informe fue enviado por el alcalde de Machalí, José Miguel Urrutia, mediante un oficio del 1 de marzo de 2013 a la Sectra, que lo recibió tres días después, indicando que se realizó por Gestiona S.A., representada por Luz María Loyola, socia y jefa de proyecto, quien deberá declarar ante el OS-9 de Carabineros a pedido del fiscal.
El secretario del Secplac de Machalí, Miguel Ángel Morales, declaró que el estudio fue entregado por Ross y que sólo supo de él cuando ya estaba aprobado, si bien "nosotros debimos conocerlo".
El 14 de mayo, el alcalde de Machalí dijo desconocer el proceso de cómo llegó el estudio a la municipalidad. "No fue licitado, fue aportado directamente por Cynthia Ross", indicó, y deslindó la responsabilidad en Silva Menares, quien debía preguntar "por el origen de esos informes", señaló.
Recurso a favor de Silva
La defensa de Jorge Silva Menares, ex director de Obras de la Municipalidad de Machalí, presentaría hoy un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Rancagua. Ello, luego de conocerse el resultado del sumario interno de la municipalidad, que lo destituyó en momentos en que se desempeñaba como director de Finanzas.
La fiscal Natalia Schiappacasse, le formuló siete cargos. Entre ellos, "omisión de información" al no requerir formalmente la contratación del estudio, el cual habría sido "entregado como insumo" por Ross, y elaborado por "terceros, faltando a su deber de control jerárquico".
Según el abogado de Silva Menares, Rodrigo Flores, la resolución fue desproporcionada, debido a que la destitución es la medida más gravosa que se podía aplicar.
