La comisión Valech fue creada en 2003 con el objetivo de recibir las denuncias sobre casos de violaciones a los derechos humanos, entre 1973 y 1990.
El Mercurio
SANTIAGO.- El testimonio del ex conscripto Fernando Guzmán, quien entregó antecedentes sobre el caso Quemados y desencadenó la decisión del juez Mario Carroza de procesar por el delito de homicidio calificado a 12 militares (r) involucrados en el hecho ocurrido en 1986, reflotó el tema de la violación a DD.HH. durante la dictadura militar y los llamados a romper los denominados pactos de silencio.
Tras este cuadro, parlamentarios y organizaciones contrarias a los delitos de lesa humanidad han planteado la opción de hacer públicos los testimonios establecidos en el informe Valech -conformado por más de 28 mil víctimas de tortura y prisión política- a fin de otorgar más información a la justicia para identificar a los responsables y juzgarlos.
El Gobierno, en tanto, estaría evaluando la opción de quitarle este veto, sin embargo, el secreto sólo puede ser levantado mediante una ley de quórum calificado. Ante este escenario, Emol escogió aleatoriamente a cinco personas incluidas en el documento, que si bien evitaron referirse en detalle a los delitos de los cuales fueron víctimas, entregaron su apreciación respecto a la posibilidad de romper el secreto de 50 años de reserva.
Álvaro Tapia (1967, 47 años)
"Sí, por supuesto. Esto dejaría de alguna manera en evidencia ante todos cómo se desarrolló la lucha política en este país por terminar con la dictadura, porque mi testimonio tendría que ver con eso. No sólo se trata de la mirada de víctima y de atropellos a los derechos humanos, sino también muestra cómo muchos chilenos nos arriesgamos y dimos la lucha en primera línea".
Mirna Ulloa (1962, 52 años)
"Desde luego que debieran ser públicos. Ojalá yo tuviera la entereza como para poder gritarlos a los cuatro vientos. Aquí se está culpando al Ejército en general, pero a mí me encantaría saber cuáles son sus nombres, en concreto. Estoy de acuerdo con que hablen también los que saben de esto, sobre todo desde el otro lado".
Alberto Vidal (1954, 61 años)
"No tengo ningún problema con que se publiquen y la información sea pública, si lo que ocurrió ya es conocido por todos. Si existe la posibilidad de que se haga justicia, bienvenido sea, aunque también me interesa que se hiciera justicia con las reparaciones a las víctimas".
Manuel Quiñones (1952, 53 años)
"No, no estoy de acuerdo. Los testimonios deberían quedar tal como están, creo que ya no se puede hacer nada. Eso sí, pienso que quienes tienen información deberían entregarla, pero los casos no deben hacerse públicos, tienen que quedar archivados".
Pablo Aguilera (1965, 49 años)
"Pienso que lo ideal sería que se hicieran públicos para poder establecer justicia en el país. A mi juicio, y al de muchos, no se ha hecho nada de justicia con las víctimas a las violaciones de derechos humanos a raíz de estos pactos y silencios forzosos. Si los Tribunales tuvieran más elementos para enjuiciar a los culpables, como lo hizo el Juez Carroza ¿por qué no?. Creo que deberían ser públicos para la justicia, pero también para todas las personas general; el país tiene derecho a saber lo que pasó".
