Tras el escándalo, el ex fiscal regional Sur debió dejar su cargo en la la División de Estudios de Interior.
El Mercurio (Archivo)
SANTIAGO.- "Siempre sostuve que no había delitos ni conductas delictivas", enfatizó este martes el abogado Alejandro Peña, tras conocer la decisión del 7º Juzgado de Garantía de Santiago que este martes
sobreseyó definitivamente el caso Sobreprecios.
"Se llegó a la convicción de que aquí no existió ilícitos", agregó a Emol el ex fiscal regional Sur, detallando que tras verse involucrado en la causa, que perseguía presuntos delitos en la compra de los aparatos antinarcóticos que serían adquiridos por el ministerio del Interior en 2012, "no volvería al sector público".
En la misma línea, enfatizó que la investigación marcó un antes y un después en su trayectoria laboral, sobre todo porque tras el escándalo debió dejar su cargo en la la División de Estudios de Interior, donde encabezaba el plan Frontera Norte destinado a combatir el narcotráfico.
Por otro lado, destacó la prolijidad de la indagatoria del fiscal de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad Centro Norte, Jaime Retamal, que durante casi tres años reunió antecedentes para determinar la existencia de actos que pudiesen ser constitutivos de delitos,los cuales finalmente fueron desechados.
Por último, recalcó su satisfacción respecto a lo fallado, asegurando que la justicia "le dio la razón" a Felipe Baeza, el ex asesor de la División de Estudios y uno de los principales indagados en el caso, quien insistió en que no hubo irregularidades en la licitación.
"Fueron acusaciones muy graves que se efectuaron sin fundamentos y por ello, todos quienes fueron imputados tienen el legítimo derecho a exigir reparación", puntualizó Peña.
La investigación se inició en octubre de 2012 luego del escándalo que generó la compra de los equipos antidrogas con un incremento de hasta un 400% respecto al valor de los instrumentos licitados por el Gobierno de entonces, hecho que además derivó en la salida de Peña y Baeza de la División de Estudios del ministerio del Interior.
Ello, sin embargo, fue desestimado por la Fiscalía que descartó -sobre la base de la información reunida- un aumento irregular de precios en los densímetros y fibroscopios solicitados para combatir el narcotráfico y comunicó al tribunal su decisión de no perseverar en la indagatoria.
