El fiscal de Peñalolén y Macul asumió la investigación del caso ayer, tras la denuncia presentada el 17 de agosto.
El Mercurio (Archivo)
SANTIAGO.- Entre tres y 10 años de cárcel podrían arriesgar los involucrados en la entrega de una Ficha de Protección Social a la familia del presidente del PC, Guillermo Teillier, de confirmarse la denuncia por fraude al fisco y falsificación de instrumento público.
Según señaló el fiscal a cargo de la investigación, Felipe Sepúlveda, hasta el momento sólo existen antecedentes "preliminares" del caso, sin embargo, indicó que, eventualmente, se podría dar un cuadro de "múltiples hipótesis de autoría y participación de los hechos" en caso de confirmarse el delito de falsificación.
"Es partícipe tanto quien lo confecciona materialmente como quien lo utiliza o quien de acuerdo con quien lo falsifica, consciente, lo utiliza", explicó en conversación con CNN Chile.
En ese sentido, señaló que el caso podría salpicar a algún funcionario público que otorgó la ficha de protección social, como a quien la solicitó o se benefició con ella.
"El puntaje de la ficha es otorgado por una serie de condiciones, hay una evaluación (...) es posible que si la persona que confecciona la ficha establece respuestas que no están validadas también podría ser cómplice de falsificación", agregó.
El fiscal agregó que actualmente está a la espera de la información que emita el ministerio de Desarrollo Social como también el municipio de Macul. "Durante las próximas semanas esperamos tener más o menos claro lo que dicen esos documentos para pasar a las próximas diligencias", remarcó.
Antecedentes del caso
El fiscal jefe de Peñalolén y Macul, Felipe Sepúlveda, asumió ayer jueves la investigación sobre el caso que involucra al presidente del PC, diputado Guillermo Teillier. Decisión que ocurre luego que el pasado 17 de agosto ingresara una denuncia fiscalía, y se abriera la indagatoria.
Según dio a conocer ayer "El Mercurio", la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) de la Municipalidad de Macul, el pasado 5 de agosto, cuatro díaas antes de que se hiciera conocido el caso del diputado comunista, la pareja del parlamentario, Margarita Alvarado, acudió a esa unidad para responsabilizarse por la solicitud del documento.
Al día siguiente, en tanto, según consta en el informe de la Dideco, Alvarado regresó al municipio para entregar una declaración en la que solicitó el retiro de la FPS, "esgrimiendo no necesitarla y expresando que jamás la ha solicitado".
