El alcalde Plaza ha sostenido que no cometió los ilícitos que se le imputan.
Christian Zúñiga, El Mercurio
SANTIAGO.- La fiscalía metropolitana Occidente espera obtener la prisión preventiva para los principales imputados por presuntos actos de corrupción que se persiguen en el denominado caso Basura, y que tienen relación con actos de asociación ilícita, fraude al fisco, cohecho, malversación de fondos públicos y lavado de dinero.
Se trata de los alcaldes Cristián Vittori y Luis Plaza, además del concejal por Maipú, Marcelo Torres, Lorenzo Pérez y la actual administradora municipal de Cerro Navia, Marcela Morales.
Asimismo, espera lograr la medida precautoria de arresto domiciliario total para el ex concejal Carlos Ritcher y para Óscar Lantadilla, mientras que en el caso del suegro de Vittori, Luis Riquelme, y su esposa, Pamela Riquelme, espera que se decrete arraigo nacional y firma semanal.
Dichas cautelares ya fueron decididas por el juez Juan Carlos Silva, que a esta hora lee el fallo que alcanza las 50 páginas.
La resolución se da a conocer durante la decimonovena jornada de formalización, convirtiéndose ésta en la más extensa desde la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal, seguida de las audiencias del caso Penta y Tsunami.
La instancia, además, estuvo marcada por una serie de incidencias presentadas por las partes, además de la llegada de la PDI en la penúltima jornada, que se presentó en la sala para incautar un video exhibido por la defensa del alcalde Luis Plaza para cuestionar la veracidad de las pruebas que sustancian la investigación de la Fiscalía.
De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, existió una asociación ilícita entre todos los imputados para sustraer fondos públicos y ocultar las operaciones que generaron ganancias de manera fraudulenta para los involucrados.
Los antecedentes entregados por la Fiscalía indican que fue el concejal Torres quien lideró esta "organización criminal" y quien contactó al resto de los imputados para coludirse y recibir sobornos de particulares, mayoritariamente de la empresa KDM, para que ésta se adjudicara licitaciones en las comunas de Maipú y Cerro Navia, además de otras irregularidades.
Así, el concejal habría sido el nexo entre los empresarios y los funcionarios públicos para realizar actos de corrupción.
