Cristián Soto, El Mercurio
SANTIAGO.- Unos 100 millones de pesos en asignaciones parlamentarias serían los que presuntamente, habrían sido mal utilizados por el senador de la UDI Jaime Orpis.
El antecedente revelado hoy por
"El Mercurio" apareció en la segunda declaración de Carolina Gazitúa, ex asesora del parlamentario, lo que abrió una nueva arista en la investigación del caso Corpesca por financiamiento irregular de campañas políticas.
Gazitúa sólo había reconocido que Orpis le pidió, en diciembre de 2010, "que emitiera boletas a Corpesca, y a SQM por $1.500.000 neto, el año 2009". Sin embargo, ahora reconoció que cobró dineros al parlamentario que salieron directamente del Senado del ítem asignaciones. Entre ellos, según detalló, acordaron pagos en primera instancia de $300 mil y después $600 mil.
Orpis en un primer momento habría contratado a Gazitúa, pero -según la versión de la asesora- después mediante la figura de asignaciones parlamentarias (que cambia en 2012) le pidió al Senado que la contratara. Según consta en la investigación de la fiscal Ximena Chong, a Gazitúa se le pagaba una suma de $2.600.000 de los cuales ella se quedaba con $600 mil, como habían acordado, y Orpis -según la declaración de Gazitúa- con los $2 millones restantes.
En algunos casos, según la imputada, ese dinero se lo restituía íntegramente al senador, pero otras veces era ocupado por ella misma para la cancelación de gastos de campaña. La situación que describe Gazitúa, según fuentes de la investigación, se reiteró con otros asesores.
Para el Ministerio Público estas conductas caerían en el tipo penal de fraude al fisco, mientras que para el Consejo de Defensa del Estado (CDE) sería malversación de caudales.
Estos nuevos antecedentes fueron puestos a disposición del CDE por la fiscal Ximena Chong, que investiga esta causa. En base a esta nueva arista fue que el organismo, este miércoles, resolvió querellarse por el delito de malversación de caudales públicos, además de cohecho.
La decisión fue adoptada por unanimidad de los 10 consejeros que estaban presentes ese día, de los 12 que tiene el organismo. Solo estuvo ausente María Eugenia Manaud, y hay un vacante pendiente.
"Apego a la ley"
Carlos Cortés, uno de los abogados del parlamentario, aseguró que "los pagos que se hicieron a los asesores del senador Orpis fueron con absoluto y estricto apego a la ley. Él jamás se ha excedido del marco fijado por el propio Senado para gastos. Incluso fue objeto de una auditoría en el año 2013 dentro de la Corporación y se acreditó que todos y cada uno de los gastos se ajustaban a reglamento".
Agregó que "es obligación del Ministerio Público investigar toda denuncia o declaración y respetamos ese proceso. Lo que nos queda claro, después de estudiar los antecedentes, es que el senador Orpis jamás desvió un solo peso de las asignaciones a fines particulares. En este sentido se han entregado al Ministerio Público todos los antecedentes que acreditan lo señalado. Ignoramos si el CDE tuvo acceso a dicha información".
