El subsecretario para las Fuerzas Armadas, Gabriel Gaspar,sostuvo que en el caso "hay gente confesa".
Aton Chile
SANTIAGO.- El subsecretario para las Fuerzas Armadas, Gabriel Gaspar, calificó de "condenable" el caso surgido de la investigación por un eventual del millonario desfalco con dineros de la Ley Reservada del Cobre.
Es la primera vez que una autoridad de Gobierno se refiere al caso desde que comenzó a salir a la luz los detalles de las indagaciones por el fraude que superaría los 2 mil millones de pesos, por delitos ocurridos entre los años 2010 y 2014.
"Quisiera destacar que esta investigación fue iniciada por denuncias del propio Ejército y ratificada por el ministerio de Defensa ante el Consejo de Defensa del Estado, vale decir esto surge de irregularidades y presuntos delitos", sostuvo.
Gaspar –quien deja mañana su cargo para asumir como parte del equipo que defenderá a Chile en La Haya-, confirmó que "hay gente confesa".
En esa línea, insistió en que los involucrados fueron detectados por la institución y que el ministerio de Defensa "puso en manos de la Justicia esta materia y ahora corresponde que actúen estas instancias con la rigurosidad del caso. Es condenable y por lo mismo nosotros colocamos en manos de la Justicia".
Indagaciones paralelas
De acuerdo a recientes publicaciones en "The Clinic", el caso se inició el año pasado cuando en el Ejército se detectó que había irregularidades en pagos a proveedores con la utilización de facturas fraudulentas, sin que fueran autorizadas.
Lo ilícitos se habrían extendido durante cuatro años y hasta ahora están en prisión preventiva el coronel Clovis Montero, quien era oficial de la Contraloría de la Institución y el cabo Juan Carlos Cruz, quien ha sido acusado de falsificar firmas.
También trascendió que Cruz gastó $140 millones en el casi Monticello, donde además era cliente VIP, debido las altas sumas que gastaba y la periodicidad con que visitaba el recinto ubicado al sur de Santiago.
Hasta el momento hay dos investigaciones paralelas, una de ellas es llevada por la fiscal de la VI Fiscalía Militar Paola Jofré y la persecutora Ximena Chong de la fiscalía Centro-Norte, quien indaga a los funcionarios civiles involucrados en el caso.
