La querella fue presentada por el abogado Alejandro Peña.
Andrea González, Emol
SANTIAGO.- Este lunes ante el 4º Juzgado de Garantía de Santiago, nueve de los 33 mineros de Atacama concretaron la querella por estafa calificada, apropiación indebida, contrato simulado y prevaricación contra sus ex abogados Remberto Rodrigo Valdés Hueche y Fernando Darío García O´Nell.
Se trata de Luis Urzúa, Juan Carlos Aguilar, Jorge Galleguillos, Víctor Zamora, Richard Villarroel, Osmán Araya, Mario Gómez, Claudio Acuña y Ariel Ticona, quienes son representados por el abogado Alejandro Peña.
De acuerdo al libelo, ambos profesionales -uno de ellos vinculado al estudio Carey- habrían incurrido en una serie de maniobras fraudulentas y engañosas para inducir a error a los 33, haciéndoles creer que tendrían una sociedad administrada por ellos, para, en definitiva, perjudicarlos y apropiarse de partidas de dinero que les corresponden.
Al respecto, Urzúa detalló que la querella busca "que se haga justicia con lo que nos pertenece", aludiendo a los derechos que les corresponden por las ganancias obtenidas por la venta del libro y la película.
"Estamos tratando de reivindicar nuestros derechos como corresponden", agregó.
Según se detalla en el documento ingresado este mediodía al tribunal, los mineros fueron contactados por Valdés antes de su rescate, pero fue en diciembre de 2010 -durante el viaje de los sobrevivientes a Santiago para participar de la Teletón- cuando se reunieron con los profesionales en Estudio de Abogados Carey.
Dos días antes del encuentro, agrega la querella, los querellados habían creado una sociedad, MSJ, emulando el nombre de la mina San José, la que quedó constituida por Remeberto Valdés y una sociedad vinculada al estudio Carey, liderada por Fernando García O´Nell.
Dicha reunión habría estado marcada por la orden de los abogados, quienes les habrían informado a los mineros que sino firmaban en 30 minutos, no habría ni libro ni película.
Posteriormente, según se explica en el libelo, los querellados crearon PIM, una sociedad por acciones en la cual -por medio de engaños- se les hizo creer a los 33 de Atacama que ellos tendrían en el control de ésta, sin embargo, ella era dirigida por Valdés y García, quienes a fines de diciembre de 2010 se nombraron directores de la sociedad, quedando los mineros sin acceso a los movimientos financieros y actas de sesiones de directorio, entre otras actividades.
